El Poder Ejecutivo provincial vetó totalmente dos leyes sancionadas en diciembre, al considerar que carecían de sustento técnico, financiero y que afectaban el patrimonio de entes autárquicos.
TIERRA DEL FUEGO07/01/2026
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En el límite del plazo establecido por la Constitución provincial, el Poder Ejecutivo hizo uso de su facultad de veto y dejó sin efecto dos leyes impulsadas por el bloque del Partido Justicialista, que habían sido aprobadas por unanimidad en la Legislatura durante la sesión del 15 de diciembre pasado.
Mediante los Decretos 18/26 y 19/26, firmados ayer por la Vicegobernadora a cargo del Ejecutivo, se dispuso el veto total de dos iniciativas legislativas que habían contado con amplio consenso parlamentario, aunque despertaron objeciones técnicas y patrimoniales en el ámbito del Gobierno provincial.
El primero de los vetos alcanzó al proyecto que autorizaba al Poder Ejecutivo a ceder en forma gratuita al Municipio de Ushuaia dos sectores de un inmueble ubicado en la zona portuaria, con destino a la vía pública. La iniciativa, presentada por el legislador Juan Carlos Pino, preveía transferir terrenos pertenecientes a la Dirección Provincial de Puertos (DPP).
En los considerandos del decreto se señala que el ente portuario informó que los predios forman parte de su patrimonio exclusivo y se encuentran afectados a funciones portuarias y logísticas estratégicas. Desde el Ejecutivo se sostuvo que la norma carecía de antecedentes técnicos que acreditaran un interés público provincial concreto y que vulneraba el principio de especialidad de los entes autárquicos, al disponer de bienes que no pertenecen al dominio del Poder Ejecutivo sin la correspondiente desafectación legal.
El segundo veto recayó sobre el proyecto presentado por la legisladora Victoria Vuoto, que proponía eximir por dos años del pago total de los servicios de agua, cloacas y energía eléctrica a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) y al Centro Austral de Investigaciones Científicas y Técnicas (CADIC) en Ushuaia y Tolhuin. La iniciativa también invitaba al Municipio de Río Grande y a la cooperativa eléctrica de esa ciudad a adoptar beneficios similares.
Tanto la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios como la Dirección Provincial de Energía objetaron la norma por imponer obligaciones patrimoniales sin identificar fuentes de financiamiento. Advirtieron que la exención carecía de respaldo presupuestario, comprometía la sustentabilidad de los servicios públicos esenciales y trasladaba los costos al resto de los usuarios.
Estos argumentos fueron plenamente compartidos por las máximas autoridades políticas de la Provincia, que consideraron que ambos proyectos configuraban un mandato legal de cumplimiento imposible y contrariaban los principios de legalidad del gasto público, razonabilidad y responsabilidad fiscal.
El vicerrector de la UNTDF, Juan Ignacio García, advirtió que el presupuesto nacional deja sin fondos el funcionamiento de la UNTDF y confirmó gestiones con la provincia para cubrir gastos esenciales como agua y energía.
Un estudio de la Fundación Innovación Fueguina refutó las declaraciones del ministro de Economía y mostró que la provincia tiene baja presión tributaria, menor dependencia de Ingresos Brutos y uno de los mayores niveles de riqueza per cápita del país.
El subsecretario de Seguridad Vial, Sergio Gamarra, advirtió sobre el aumento del tránsito en la Ruta 3, los riesgos climáticos y la presencia de animales sueltos, y pidió responsabilidad al volante durante la temporada estival.
Gabriel Goncalves, conocido como “el gordo Gaby” y manager de La Renga, fue visto recorriendo el microestadio Cochocho Vargas. El movimiento reaviva las versiones sobre un posible regreso de la banda a la capital fueguina tras el histórico show de 2023.
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