Créditos UVA: suspenden demandas y ejecuciones hipotecarias hasta fin de año

Los tomadores de créditos hipotecarios UVA en Tierra del Fuego continuarán protegidos frente a demandas y ejecuciones judiciales hasta fin de año, tras la promulgación de la Ley Provincial 1608, que prorroga el marco de resguardo vigente desde 2023.

Con la promulgación de la Ley 1608, la Provincia de Tierra del Fuego ratificó la suspensión del inicio de demandas judiciales y de las ejecuciones de sentencia contra quienes hayan accedido a créditos hipotecarios ajustados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) destinados a la vivienda única familiar y de ocupación permanente.

La norma establece que, hasta el 31 de diciembre, los bancos no podrán promover acciones judiciales para la ejecución hipotecaria ni avanzar con procesos ya iniciados, brindando así un alivio temporal a los deudores alcanzados por este tipo de financiamiento. La ley fue aprobada por unanimidad en la Legislatura provincial el pasado 15 de diciembre y da continuidad al esquema de protección que rige en la provincia desde el año 2023.

En Tierra del Fuego, se estima que más de 250 personas accedieron entre 2016 y 2017 a créditos UVA para la compra o construcción de su vivienda única. Este tipo de préstamos, impulsados durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, se caracteriza por la actualización del capital y de las cuotas en función del valor de la UVA, que se ajusta diariamente según la inflación medida por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

La persistente inestabilidad económica y los altos niveles de inflación registrados en los últimos años provocaron incrementos significativos en las cuotas mensuales y en el capital adeudado, generando serias dificultades de pago para muchas familias. Esta situación elevó el riesgo de incumplimientos y la posibilidad de perder la vivienda como consecuencia de ejecuciones judiciales.

Más allá del alcance general de la ley, la Justicia fueguina también dictó medidas cautelares en algunos casos particulares, estableciendo que el valor de la cuota mensual no puede superar el 35% de los ingresos del deudor, con el objetivo de preservar el derecho a la vivienda.