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El biólogo e investigador del CADIC-Conicet, Gustavo Lovrich, analizó los alcances de la ley que habilita la acuicultura en Tierra del Fuego y alertó sobre la necesidad de una planificación ambiental rigurosa, controles efectivos y participación ciudadana real.
El biólogo e investigador del CADIC-Conicet, Gustavo Lovrich, advirtió sobre los riesgos de avanzar con la acuicultura en Tierra del Fuego sin un marco de control ambiental sólido. Tras la reciente aprobación legislativa, sostuvo que el impacto de la actividad dependerá en gran medida de cómo se reglamente y se aplique la norma. “La reglamentación va a ser más determinante que la misma norma”, señaló.
Lovrich remarcó que el contexto actual presenta limitaciones estructurales en la capacidad del Estado para fiscalizar. En ese sentido, advirtió que “no se hace solo con buenas intenciones. Esta es una industria que tiene impactos ambientales importantes”, por lo que consideró indispensable contar con mecanismos técnicos adecuados.
El investigador cuestionó además la falta de confianza y visibilidad de los organismos públicos responsables del área. En particular, se refirió a la Secretaría de Pesca provincial y afirmó "tampoco sabemos qué es lo que quieren hacer. No sabemos cuál es el próximo paso”.
Según explicó, incluso los espacios institucionales de diálogo fueron desactivados "el Estado provincial abandonó el único lugar donde se podía discutir cuestiones de pesca y acuicultura”.
Uno de los ejes centrales de su planteo es la necesidad de cumplir con el artículo 6 de la ley, que establece la realización de una Evaluación Estratégica Ambiental. Al respecto, explicó que “es algo así como un análisis territorial que establece dónde se pueden hacer cosas y dónde no. Eso se podría haber hecho desde 2019”. En ese marco, sostuvo que “si lo primero que hacen es convocar a una Evaluación Estratégica Ambiental, estamos por el buen camino”.
Lovrich también se mostró escéptico respecto de la capacidad del Estado para ejercer un control eficaz, y citó como antecedente negativo la experiencia chilena "la reglamentación siempre va atrás de la práctica. Las malas prácticas van primero, después viene la ley”, explicó.
Si bien valoró las iniciativas para generar observatorios ciudadanos u otros mecanismos de monitoreo social, advirtió que requieren respaldo político y recursos "la autoridad tiene que permitir hacerlo. Normalmente cualquier trabajo implica financiamiento. Y eso es lo que falta”, sostuvo.
Por último, planteó la necesidad de un liderazgo institucional que combine participación con responsabilidad técnica "se necesita un proceso de liderazgo. Si no, todos terminamos enojándonos y cada uno hace lo que quiere”, concluyó.
