60 años después, la Resolución 2065 sigue marcando el reclamo argentino por Malvinas

A mediados de los años sesenta, la diplomacia argentina atravesó uno de sus momentos más sólidos. En un contexto internacional atravesado por la descolonización, el país logró evitar que la cuestión Malvinas quedara atada al principio de autodeterminación y consiguió que la ONU reconociera la existencia de una disputa de soberanía con el Reino Unido. El resultado fue la Resolución 2065 (XV), aprobada el 16 de diciembre de 1965, que llamó a ambos países a negociar teniendo en cuenta “los intereses de la población”, y no sus deseos, un punto clave que aún hoy conserva plena vigencia.

Ese avance se apoyó en una argumentación histórica contundente. Durante el debate en Naciones Unidas, el diplomático José María Ruda dejó una definición que sintetiza la posición argentina: “Sólo en base a un acto de fuerza arbitrario y unilateral, Inglaterra se encuentra hoy en las Islas Malvinas”. La ocupación iniciada el 2 de enero de 1833 abrió un largo período de reclamos diplomáticos que, más de un siglo después, desembocó en la guerra de 1982, con 649 soldados argentinos muertos, sin que ello significara renunciar al reclamo de soberanía.

Desde entonces, el Reino Unido ha sostenido su postura casi exclusivamente en los “deseos” de los isleños, apoyándose en la consulta realizada en 2013. Sin embargo, ese proceso no puede considerarse un referéndum válido y sus cifras no reflejan una mayoría calificada: sobre una población de 2.841 habitantes, solo 1.513 se manifestaron a favor de continuar bajo dominio británico. Además, hoy más de la mitad de quienes viven en las Islas carecen de derechos políticos y económicos plenos, lo que refuerza el carácter colonial de la situación.

Mientras tanto, el escenario interno británico muestra tensiones crecientes. Escocia insiste en su independencia, Irlanda del Norte debate su futuro y el entramado social y económico del Reino Unido atraviesa transformaciones profundas. En paralelo, el Atlántico Sur y la Antártida ganan peso estratégico, con la revisión del Tratado Antártico prevista a partir de 2048 y nuevas disputas por rutas y recursos.

En ese contexto, la Argentina cuenta con una herramienta clave que todavía no explota en toda su dimensión: Tierra del Fuego. La provincia, creada en 1990, incluye en su jurisdicción a Malvinas, la Antártida y los espacios marítimos circundantes, y posee un valor geopolítico excepcional. Asumir plenamente esa centralidad, fortalecer la presencia institucional y construir una estrategia internacional sostenida aparece como una condición indispensable para que el reclamo argentino deje de ser solo una causa justa y se convierta en un objetivo posible.