Kueider, el senador expulsado por corrupción que atribuye su “desgracia" a la Boleta Única

Doce meses después de haber sido detenido con más de 200 mil dólares sin declarar en el Puente de la Amistad, ubicado en la triple frontera, el ex senador entrerriano Edgardo Kueider se encamina a un juicio por contrabando de divisas y atribuye su “desgracia” al impulso que le dio en su momento a la Boleta Única de Papel (BUP), un instrumento que el oficialismo encontró clave para su victoria en las elecciones de octubre.

“Los costos políticos de haber impulsado esta y otras iniciativas hoy se expresan en causa judiciales inventadas por sectores políticos que no pueden tolerar mecanismos mas transparentes de representatividad. El tiempo y la verdad siempre van a triunfar”, expresó Kueider en sus redes sociales la misma noche del 26 de octubre, cuando La Libertad Avanza (LLA) concretaba una victoria aplastante a nivel país.

Desde su detención domiciliaria en Paraguay, Kueider dijo sentirse “orgulloso de haber impulsado en el Senado el sistema de Boleta Única que el país ha estrenado con notable éxito”, en lo que consideró “un salto enorme hacia la calidad institucional y en el ejercicio de la democracia”.

El ex senador peronista está bajo arresto domiciliario en una vivienda de la Asunción, a la espera de las decisiones que buscan definir su futuro judicial tanto en Paraguay como en Argentina.

El caso

Kueider fue detenido la madrugada del 4 de diciembre de 2024, luego que agentes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios encontraran poco más de 211 mil dólares, 640 mil guaraníes y cerca de 4 millones de pesos distribuidos entre bolsos y compartimentos que iban en la Chevrolet Trailblazer donde viajaba desde Foz do Iguazú hacia Ciudad del Este.

Ninguna de las sumas había sido declarada a la aduana paraguaya. Kueider, que no supo explicar la procedencia real del dinero, iba a acompañado por Iara Guinsel Costa, quien fue secretaria de su despacho en el Senado. El vehículo en el que se trasladaban no era propiedad de ninguno de los dos, sino de Daniel González, un empleado de planta de la Biblioteca del Congreso.

Durante su declaración ante las autoridades paraguayas, el entonces legislador aseguró que ni él ni Guinsel Costa eran dueños de los dólares, y que el dinero estaba ligado a negocios de intermediación de inversores en Paraguay. El Ministerio Público imputó a ambos por contrabando en grado de tentativa que prevé una pena de hasta dos años y medio de prisión efectiva.

Tras la imputación, tanto a Kueider como a Guinsel Costa se les concedió el beneficio del arresto domiciliario en un departamento de una lujosa zona de Asunción. Sin embargo, la pareja tuvo que mudarse a principios de febrero a otro inmueble también en la capital paraguaya, donde aguardarán la fecha del 20 de abril de 2026, cuando comenzará el juicio que determinara la responsabilidad penal de ambos del delito de intento de contrabando.

En diciembre del año pasado, el Senado expulsó a Kueider por inhabilidad moral con el voto de más de dos tercios del cuerpo; su oficina fue cerrada con fajas a la espera del avance de la investigación judicial.

Del lado Argentino de la frontera, Kueider tiene dos frentes judiciales abiertos por enriquecimiento ilícito: uno en San Isidro, donde interviene la magistrada federal Sandra Arroyo Salgado, y otro en la justicia provincial de Entre Ríos, a cargo del juez de Concordia, Ives Bastián.

Luego de un tironeo por la competencia del expediente entre ambos jueces, Arroyo Salgado elevó la contienda a la Corte Suprema de Justicia para que, previa opinión del procurador Eduardo Casal, el máximo tribunal defina dónde deberá continuar la investigación.__IP__

Como ya reseñó la Agencia Noticias Argentinas, las sospecha de Arroyo Salgado fue de tal nivel que le reclamó a la Justicia paraguaya la extradición de Kueider, que en un principio fue rechazada. Sin embargo, el Ministerio Público de ese país determinó que el pedido de la jueza solo podrá resolverse una vez finalizado el proceso por contrabando.

Para Arroyo Salgado, la conexión entre Kueider y Enersa, la distribuidora eléctrica de Entre Ríos, es determinante. Según la investigación, el ex senador había representado al Poder Ejecutivo en asambleas de la empresa estatal, y la magistrada sostiene que los dólares retenidos en Paraguay podrían estar vinculados a un circuito de coimas y retornos de la firma de seguridad.