El primer Registro de la Propiedad Automotor de Río Grande vuelve a atender al público tras la designación del interventor Leonardo Olgiati, luego de más de dos meses de cierre y un conflicto que dejó a todo el personal despedido.
RÍO GRANDE17/11/2025
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El histórico Registro de la Propiedad Automotor Nº 1 de Río Grande volvió a abrir sus puertas tras más de dos meses de cierre, luego de que autoridades nacionales designaran al contador Leonardo Olgiati como interventor normalizador de la seccional.
El organismo, ubicado en O'Higgins 148, había dejado de funcionar el 5 de septiembre, generando una fuerte paralización administrativa que afectó a vecinos, gestores y concesionarias. Durante ese período, todos los trámites vinculados a transferencias, inscripciones y certificaciones quedaron suspendidos de manera indefinida.
El cierre se originó tras la decisión del apoderado de la entonces titular, Ana María Mingorance, de despedir a la totalidad del personal. Los trabajadores no dependían del Estado Nacional ni del Registro en sí, sino directamente del titular de la concesión, conforme al sistema vigente para los registros automotores en todo el país.
La encargada suplente era Karina Gallardo Mingorance, hija de la propietaria, quien no contaba con firma autorizada ni poderes legales para operar cuentas, pagar salarios o tomar decisiones laborales, situación que derivó en un caso de abandono funcional.
Los despidos fueron formalizados mediante cartas documento que invocaban “razones de fuerza mayor”, dejando a los trabajadores sin relación laboral vigente y sin certezas respecto del cobro de haberes adeudados e indemnizaciones.
Ante la falta de respuestas, el personal recurrió a asesoramiento legal para iniciar demandas. Myriam Hernández, una de las empleadas despedidas, explicó "nos deben agosto, septiembre, liquidación final y las indemnizaciones. Uno pide lo que corresponde ya que ellos no nos estarían regalando nada. Todo se llevará por la vía legal y se verá lo que va a pasar”.
Con la intervención en marcha, la atención comenzó a normalizarse de manera progresiva, mientras continúa el proceso administrativo y judicial que deberá determinar responsabilidades y resolver la situación del personal despedido.
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