Piden a legisladores tratar con urgencia la Ley contra el agio y la especulación

A través de una carta abierta, el Movimiento de Trabajadores, Estudiantes Universitarios y Jubilados de Tierra del Fuego reclamó a legisladoras y legisladores de la provincia una reunión urgente para analizar la plena aplicación de la Ley Provincial de Abastecimiento Nº 844/11. La organización advirtió que la falta de implementación genera perjuicios directos en la economía de los hogares fueguinos, especialmente en el actual contexto de crisis.

La nota, dirigida a todos los integrantes de la Legislatura, recuerda que la Ley 844, sancionada en 2011 como complemento de la Ley Nacional 19.640, establece mecanismos para controlar el abastecimiento, prevenir el agio y la especulación, y garantizar beneficios económicos para los residentes de Tierra del Fuego. Sin embargo, según denuncia el Movimiento, su aplicación ha sido sistemáticamente postergada.

El texto señala que, pese a que distintos sectores políticos y económicos han manifestado la necesidad de activar la norma, el Poder Ejecutivo Provincial no avanzó en su implementación, incumpliendo además la creación de la comisión de control y seguimiento prevista por la ley hace más de una década.

La organización recuerda que desde 2011 la Ley 844 ordena conformar un organismo para supervisar la administración de los beneficios derivados del régimen 19.640, pero critica que “distintos intereses y falta de visión de los funcionarios de turno” impidieron su funcionamiento. A esto agrega que los gobernadores “reiteradamente no cumplieron el mandato constitucional” previsto en los artículos 135 y 140, lo que, según el documento, generó un “grave daño” en la economía local.

En otro tramo, el Movimiento sostiene que “los fueguinos tenemos un plan económico, solo falta voluntad política”, y remarca que la Ley 844 fue diseñada para asegurar el bienestar de los habitantes y fortalecer la soberanía territorial mediante el arraigo poblacional.

Ante este escenario, la agrupación solicita conformar “una fuerza común” junto a instituciones interesadas para exigir al Ejecutivo la inmediata aplicación de la ley, advirtiendo que su incumplimiento podría derivar en sanciones previstas en la Constitución provincial.

Finalmente, la carta subraya la urgencia del pedido en el contexto de la delicada situación económica y social que atraviesa la provincia, afectando especialmente a los sectores más vulnerables. Por ello, solicitan una reunión con los legisladores para coordinar acciones y avanzar en un tratamiento “profundo y efectivo” de la normativa.