El Presupuesto Municipal 2026 ya tiene estado parlamentario

En el marco de la VII y VIII Sesión Ordinaria, el Concejo Deliberante de Río Grande trató una amplia agenda legislativa que incluyó proyectos de distintos bloques y del Ejecutivo Municipal. Entre los temas más relevantes, se destacó la presentación del Presupuesto 2026, que tomó estado parlamentario y comenzará a ser analizado en las reuniones de comisión.

El proyecto de Presupuesto Municipal para el ejercicio 2026 prevé una suma total de $173.042.094.913, destinada a Gastos Corrientes, Gastos de Capital y Aplicaciones Financieras de la Administración Pública Municipal. Con su ingreso formal al Concejo, el documento podrá ser debatido en profundidad por los distintos bloques antes de su aprobación definitiva.

Durante la doble sesión, presidida por la concejal Guadalupe Zamora, los ediles también aprobaron un proyecto impulsado por el bloque del Movimiento Popular Fueguino, mediante el cual se autoriza al Ejecutivo Municipal a gestionar un plan de acción urbana para la puesta en valor de la ermita de San Cayetano, ubicada en la plazoleta de General Güemes y Avenida Manuel Belgrano.

La iniciativa busca embellecer y mejorar el espacio, contemplando la instalación de nueva iluminación LED, bancos inclusivos, rampas de acceso, cartelería informativa sobre la figura del santo y tareas de parquización, en vísperas de la celebración del Día de San Cayetano, el 7 de agosto, una fecha de relevancia religiosa y cultural en la ciudad.

En la misma jornada, los concejales aprobaron diversos pedidos de informes al Ejecutivo municipal. Entre ellos, se solicitaron precisiones sobre la adecuación de la red semafórica y los semáforos peatonales, el cumplimiento de la creación del Consejo Municipal de Salud Mental, la adhesión al Programa de Abordaje Integral del Suicidio y la implementación del programa “Diversión Sana”, orientado a la prevención y participación juvenil.

También se expresaron beneplácitos por la decisión del Senado de la Nación de aprobar el rechazo al veto presidencial de la Ley de Emergencia Pediátrica y por la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, destacando su relevancia para la salud pública y el fortalecimiento del sistema educativo argentino.