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En una jornada histórica, la Cámara de Senadores de Uruguay aprobó el proyecto de ley de Muerte Digna, legalizando la eutanasia y garantizando el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir”. Tras más de diez horas de debate, el proyecto fue respaldado por todos los legisladores del oficialista Frente Amplio y por varios representantes de la oposición del Partido Colorado y el Partido Nacional, logrando así un amplio consenso político.
La norma permite acceder al procedimiento a personas mayores de edad, ciudadanas o residentes, que se encuentren psíquicamente aptas y atraviesen etapas terminales de enfermedades incurables o padecimientos que generen sufrimientos insoportables. Antes de expresar su voluntad por escrito, los pacientes deberán pasar por una serie de instancias médicas y psicológicas.
El debate estuvo marcado por testimonios conmovedores como el de Beatriz Gelós, una mujer de 71 años que convive desde los 52 con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). “Me daría una paz impresionante que se apruebe. Es una ley de compasión, muy humana”, había expresado antes de la votación. Su historia simbolizó la lucha de miles de uruguayos que pedían el derecho a decidir sobre su final.
También se destacó el caso de Pablo Cánepa, de 39 años, quien sufre una enfermedad rara e incurable. “Pablo está agonizando hace años y la aprobación fue un verdadero alivio”, dijo su hermano Eduardo, mientras su madre resumió: “Pablo no está viviendo. No es vida esto que tiene”.
Con esta decisión, Uruguay se suma al reducido grupo de países que permiten la eutanasia, entre ellos Canadá, Países Bajos y España. En América Latina, Colombia y Ecuador ya la habían despenalizado, aunque a través de fallos judiciales.
La sanción de la ley de Muerte Digna convierte a Uruguay en el primer país del Cono Sur en reconocer legalmente este derecho, marcando un hito en la región y abriendo un nuevo capítulo en el debate sobre la autonomía y la dignidad al final de la vida.
