El Consejo de la Magistratura investiga a jueces por omisión en el caso Leonelli

La polémica en torno al juez Andrés Leonelli sigue creciendo. En su última sesión, el Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego resolvió requerir explicaciones formales al fiscal Fernando Ballester Bidau y a la jueza María Cristina Barrionuevo, quienes investigan al camarista penal, por no informar al Consejo sobre la existencia de una causa penal en su contra, en incumplimiento de la Ley Provincial 525.

El Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego se reunió el pasado 30 de julio en la ciudad de Río Grande y trató, entre otros temas, la delicada situación del juez de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones del Distrito Judicial Sur, Andrés Leonelli. El magistrado está siendo investigado por su presunta responsabilidad en la tenencia de imágenes vinculadas a casos de abuso sexual infantil, evidencia que habría sido robada en circunstancias aún no esclarecidas.

El organismo, presidido por la Dra. Edith Miriam Cristiano, cuestionó la conducta del fiscal mayor Fernando Ballester Bidau y de la jueza María Cristina Barrionuevo por no haber notificado al Consejo sobre la apertura de la causa penal, como lo exige expresamente la Ley Provincial 525 en sus artículos 4 y 5. Esta omisión representa una falta grave y puede tener consecuencias administrativas.

Por unanimidad, los consejeros resolvieron enviar oficios tanto al fiscal como a la jueza para que informen si existe efectivamente una investigación en curso contra Leonelli, y en caso afirmativo, expliquen por qué no se comunicó al Consejo en tiempo y forma. Esta situación pone a ambos funcionarios judiciales en una incómoda posición, al ser potencialmente responsables de una omisión legal en un caso de alta sensibilidad institucional.

El escándalo ha generado fuertes repercusiones en el ámbito judicial fueguino. Según fuentes cercanas al caso, la defensa de Leonelli ha solicitado una pericia informática clave para esclarecer el origen y la justificación de las imágenes en cuestión, alegando que se trataba de material probatorio incorporado en causas previas que tramitó el juez cuando estaba a cargo de un juzgado de instrucción en Río Grande.

En la misma sesión, también se analizaron otras presentaciones contra magistrados (cuyos nombres no fueron divulgados), que fueron rechazadas por unanimidad. Además, se definió el cronograma del concurso para cubrir el Juzgado de Familia y Minoridad Nº 1 de Ushuaia, previsto para los días 18 y 19 de septiembre, y se tomó conocimiento de la renuncia de la jueza correccional Dra. Felicitas Maiztegui Marcó.

La próxima reunión del Consejo de la Magistratura fue convocada para el 11 de agosto a las 12:00 horas, donde se espera continuar con el análisis institucional del complejo y creciente entramado judicial que rodea al caso Leonelli.