Recusación a Ernesto Löffler: el juez se defiende y niega enemistad con el Gobierno

La reforma de la Constitución de Tierra del Fuego sigue empantanada por recusaciones y tensiones entre la Justicia y el Gobierno provincial. En las últimas horas se conoció que fueron aceptadas las recusaciones de las juezas María del Carmen Battaini y Edith Cristiano, mientras que aún resta definirse la situación del juez Ernesto “Nené” Löffler.

En ese marco, el magistrado señalado por el Ejecutivo por una supuesta enemistad manifiesta con la gestión de Gustavo Melella, presentó un descargo en el que rechaza los argumentos del fiscal subrogante Antonio Petkos y niega cualquier parcialidad o animosidad, afirmando que se trata de una recusación fuera de término.

En su escrito, Löffler sostiene que la recusación presentada por el Ejecutivo provincial es “extemporánea” y por tanto debe ser rechazada “in limine”. Citando el artículo 29 del código procesal, remarca que las recusaciones por causales sobrevinientes deben realizarse dentro de los cinco días hábiles de haber tomado conocimiento del hecho. “Frente a las fechas invocadas por la Provincia, resulta patente que los plazos legales para su interposición se encuentran ampliamente vencidos”, argumentó.

Además, el juez refuta la acusación de enemistad con el Gobierno, asegurando que no puede inferirse animosidad solo por emitir fallos adversos al Ejecutivo. “No puede interpretarse que una providencia desfavorable implique enemistad. Eso conduciría al absurdo de que todo fallo adverso justificaría una recusación”, advirtió, intentando desacreditar el planteo de la Fiscalía.

Uno de los elementos citados por la Provincia fue una entrevista concedida por Löffler en 2023 a Radio Fueguina, donde expresó su rechazo a la reforma constitucional. Sobre esto, el juez aclaró que se trató de “expresiones abstractas”, sin relación con casos concretos, y que por tanto no constituyen prejuzgamiento.

La defensa de Löffler pone el foco en desestimar el argumento central del oficialismo: que sus posturas públicas y su accionar judicial han entorpecido la resolución del expediente. Para el juez, estas demoras no pueden considerarse una señal de enemistad con el Gobierno ni ser utilizadas como causal de recusación válida.

Ahora la definición está en manos de la Cámara, que deberá decidir si acepta o rechaza el descargo del juez Löffler. Esta resolución será clave para destrabar la causa que mantiene en suspenso la posible reforma de la Carta Magna fueguina, una cuestión con alto impacto institucional y político.

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