Un año de Facultades Delegadas: Qué se hizo y qué falta; privatizaciones sin avances

El 8 de julio de 2025 marcó el fin de un período clave para el gobierno del Presidente Javier Milei: la conclusión de las facultades delegadas, otorgadas por el Congreso a partir de la sanción de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley 27742/2024). Durante un año, estas facultades fueron la herramienta principal para una ambiciosa reestructuración del Estado, con el objetivo de “fomentar la libertad económica y reducir el intervencionismo estatal”.

El jueves pasado, ante empresarios, Milei dijo: “hemos hecho 2500 reformas estructurales. Con lo cual, no solo que hemos tenido un programa de estabilización mucho más exitoso que la Convertibilidad, sino que, además, hemos hecho 25 veces más de reformas estructurales”.

Por su parte, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, explicitó que se implementaron 101 medidas de desregulación y transformación durante el período en que el gobierno hizo uso de las facultades delegadas. Estas 101 medidas fueron comunicadas, representando un "Magical Mystery Tour" que comenzó con la disolución del INADI y culminó con la disolución de Vialidad Nacional. El trabajo implicó más de 65 decretos.

También es cierto que se deben contabilizar otras tantas reformas a partir del decreto 70/2023, que permitió avanzar con recetas digitales, “cierre” de registros automotor, cédula digital, ley de alquileres, cielos abiertos, divorcio express y más opciones a la SUBE. Durante 2024 hubo más de 672 reformas regulatorias.

La desvinculación de 50.591 empleados públicos aparece entre los puntos que siempre destaca Sturzenegger. Trenes Argentinos, ARCA y el Correo son las empresas públicas con más bajas.

El capítulo de reforma laboral tuvo idas y vueltas. La justicia puso bajo observación puntos del DNU 70; pero, en cambio, con la sanción de la Ley Bases si hubo avances: extensión del período de prueba, fondo de Cese Laboral, regularización de empleo no registrado, creación de la figura de "trabajador independiente" y eliminación de multas por trabajo en negro.

Las 101 medidas: un bisturí sobre el Estado

“Este fue un uso de facultades delegadas como manda la Constitución: acotado en el tiempo, con materias específicas y con un objetivo claro de transformación estructural”, explicó Sturzenegger.

Las medidas adoptadas impactaron transversalmente en la Administración Pública. Entre las más destacadas:

* Disolución de entes y organismos: se eliminaron estructuras como la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la CNRT, el INADI, y múltiples institutos históricos.

* Transformaciones institucionales: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), y el Banco Nacional de Datos Genéticos fueron reestructurados para volver a sus funciones técnicas esenciales.

* Fusiones regulatorias: el ENRE y el ENARGAS se unificaron en el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGEL).

* Reorganizaciones sectoriales: se creó la Administración Nacional de Establecimientos de Salud y se unificaron gestiones hospitalarias.

* Eliminación de fondos fiduciarios: se disolvieron más de 30 fondos, incluyendo el PRO.CRE.AR, el PROGRESAR (como fideicomiso), el FONCAP, el FONDEP y otros considerados “estructuras paralelas sin control efectivo”.

Según el gobierno, estas medidas permitieron un ahorro fiscal superior a los 2.000 millones de dólares y una menor presión inflacionaria gracias a la contracción del gasto.

“Había un Estado desbordado, solapado, duplicado y muchas veces inútil. Lo que hicimos fue aplicar el bisturí para reordenarlo”, resumió el ministro Sturzenegger.

Privatizaciones: el punto pendiente

Uno de los ejes centrales de la Ley de Bases era el deseo del presidente Javier Milei de contar con una herramienta para concretar la privatización de empresas públicas. El artículo 7 y sus anexos declararon “sujetas a privatización” a firmas como Intercargo, Energía Argentina S.A. (ENARSA), AySA, Corredores Viales y Trenes, entre otras.

Sin embargo, hasta el cierre del período de facultades delegadas, el avance en esta área fue limitado. Intercargo fue autorizada a ser privatizada mediante el Decreto 198/2025, y se permitió la venta de acciones en CITELEC S.A. por parte de ENARSA (Decreto 286/2025). También se transformó en S.A. a YCRT, con vistas a una participación privada.

El sector ferroviario mostró algunas señales: Belgrano Cargas inició su proceso de privatización, pero sin licitaciones concretas ni definiciones sobre otras concesiones. En contraste, SOFSE no mostró avances, y la eliminación de servicios de pasajeros en el interior generó rechazo.

El gobierno reconoció que la falta de condiciones de mercado y la resistencia de sectores internos complicaron la ejecución.

“La privatización no es regalar activos, es generar eficiencia, calidad de servicio y alivio fiscal, pero hay que crear condiciones que aún estamos trabajando”, afirmó Sturzenegger.

El gobierno concibe estas reformas como una “batalla cultural” que busca achicar el Estado y liberar la iniciativa privada. Según Milei y su equipo, “la motosierra” no es un ajuste ciego, sino una decisión moral: dejar de sostener una estructura que consideran corrupta e ineficiente.

“La crueldad no es reducir el Estado, sino mantenerlo gordo y que la gente pague impuestos para financiar ñoquis”, sostuvo el Presidente.

El ministro de Desregulación también fue crítico con administraciones anteriores: “Durante 15 años, el kirchnerismo tuvo facultades delegadas por DNU, haciendo lo que quiso. Esto fue exactamente lo contrario: dentro de la Constitución y con un mandato claro”.

A partir de ahora, cualquier iniciativa de reforma deberá pasar por el Congreso, donde el gobierno no cuenta con mayoría propia. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), por ejemplo, solo consolidó un par de proyectos aprobados y necesita adhesión provincial para su implementación.

Federico Sturzenegger resume el trabajo: “Lo que hicimos no fue un plan de ajuste, sino una cirugía necesaria. La Argentina no puede seguir con un Estado del siglo XX en un país del siglo XXI”.

Las reformas durante el menemismo y kirchnerismo fueron en su mayoría a través de leyes del Congreso. Un espejo que el gobierno debería mirar si quiere pasar a la historia como el que más reformas ejecutó.