El pedido fue realizado por un grupo de legisladores porteños, luego de que el exmandatario fuera procesado en la causa Seguros.
PAÍS12/07/2025
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Tras el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa conocida como "Seguros", un grupo de legisladores porteños encabezado por Graciela Ocaña reclamó formalmente a la ANSES que suspenda el pago de su jubilación de privilegio.
La solicitud fue dirigida al actual titular del organismo previsional, Fernando Bearzi, con el argumento de que el beneficio "perjudica al erario público que vuestro Gobierno tanto defiende".
Fernández fue procesado este miércoles por el juez federal Sebastián Casanello bajo la acusación de "negociaciones incompatibles con la función pública", en el marco de la investigación por supuestas irregularidades en la contratación de seguros para dependencias estatales durante su gestión.
El pedido fue firmado por los legisladores Graciela Ocaña, María Sol Méndez y Sebastián Nagata, del bloque Confianza Pública. En el escrito sostienen que "el expresidente Fernández nunca debió gozar de una jubilación de privilegio, pero ante este nuevo hecho debe ser al menos suspendida hasta que se resuelva la culpabilidad o no en los hechos que se le imputan".
Esta no es la primera vez que los legisladores cuestionan el beneficio. En febrero de 2024 ya habían solicitado al entonces titular de la ANSES, Osvaldo Giordano, que no se le otorgara la prestación. Al no recibir respuesta, en agosto del mismo año, Ocaña y el legislador Yamil Santoro presentaron otro reclamo pidiendo su revocación, por considerar que no se habían cumplido los requisitos exigidos por la normativa. Frente a la inacción del organismo, judicializaron el caso y presentaron una denuncia contra Mariano de los Heros, quien para entonces dirigía la ANSES.
Según trascendió, en diciembre de 2024 Fernández recibió un ingreso bruto de $21,67 millones, de los cuales percibió en mano $8,56 millones. En febrero de este año, la suma neta ascendió a $8,88 millones. La asignación vitalicia está contemplada por la ley 24.018, que establece beneficios especiales para ex presidentes y ex vicepresidentes.
En este caso particular, el importe fue parcialmente redireccionado por orden judicial: desde noviembre del año pasado, el 30% del total es girado directamente a Fabiola Yañez, para cubrir gastos del hijo en común.
Este tipo de beneficios son considerados de privilegio, dado que no requieren una edad mínima ni un período determinado de aportes previsionales. Además, sus montos superan ampliamente los haberes ordinarios. La ley establece que quienes hayan sido destituidos por mal desempeño -ya sea mediante juicio político o sumario- no pueden acceder a la jubilación especial. Aunque ese no es el caso de Fernández, los legisladores argumentan que si se utilizó el cargo "para beneficio propio y se cometieron delitos desde ese lugar, no puede obtener ni mantener este beneficio".
En esa línea, la nota recuerda un antecedente reciente: la resolución 1092 dictada por la ANSES en noviembre de 2024, que dio de baja las dos asignaciones que cobraba en simultáneo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Aquella decisión se fundamentó en la condena por corrupción ratificada por la Cámara de Casación Penal en la causa Vialidad y luego confirmada por la Corte Suprema, lo que derivó en que la ex mandataria comenzara a cumplir una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La nueva presentación de Ocaña hace hincapié en la falta de coherencia entre seguir pagando casi $9 millones mensuales a un expresidente procesado y la situación que atraviesan millones de jubilados en el país. En el escrito se señala que el pedido está directamente vinculado con la discusión sobre el sistema previsional que tuvo lugar ayer en el Congreso.
"No es posible ignorar que más de la mitad de los jubilados del país cobra el haber mínimo que asciende a $370.000, y en el día de ayer el Congreso aprobó un aumento de los jubilados de menos de 8% y el Sr. Presidente de la Nación anticipó que va a vetar ese aumento, ya que afecta las cuentas públicas".
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