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La investigación está en etapa inicial. El operativo fue ordenado por la Justicia y apunta a determinar la procedencia de imágenes detectadas en una nube digital.
POLICIALES25/06/2025La jueza de instrucción N°2, María Cristina Barrionuevo, ordenó este miércoles el allanamiento del despacho y domicilio del juez penal Andrés Leonelli, en el marco de una causa que investiga la posible tenencia de material de pornografía infantil, tipificado en el artículo 128 del Código Penal. La denuncia surgió a partir de una alerta internacional.
La medida fue ejecutada durante la mañana en la ciudad de Ushuaia, tanto en el domicilio particular del magistrado como en su despacho dentro de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones. La causa está a cargo de la Justicia Federal y se encuentra en etapa preliminar, por lo que aún no hay definiciones oficiales sobre su alcance.
Como parte del procedimiento, se incautaron todos los dispositivos informáticos del juez Leonelli para su análisis. La investigación se originó a partir de una alerta emitida por organismos internacionales de monitoreo digital, que habrían detectado imágenes de pornografía infantil alojadas en una nube vinculada a la cuenta del magistrado.
La denuncia, de alto impacto institucional, plantea una situación compleja. Por un lado, la gravedad de la imputación, por otro, la posibilidad de que el contenido detectado esté relacionado con la labor profesional del camarista penal, quien habitualmente revisa causas vinculadas a delitos de abuso y pedofilia, lo que implicaría el manejo de ese tipo de material con fines estrictamente judiciales.
Fuentes cercanas al caso señalaron que Leonelli incluso habría recibido una advertencia por parte de Google por el presunto contenido inapropiado, ante lo cual habría iniciado una demanda para certificar la procedencia de dicho material y su uso dentro de expedientes oficiales. Este antecedente, sin embargo, no habría sido considerado en profundidad por la jueza Barrionuevo antes de autorizar los allanamientos.
El caso recién comienza, y por el momento no se ha emitido ninguna comunicación formal desde el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, que deberá evaluar cómo proceder institucionalmente respecto del magistrado involucrado.
El artículo 128 del Código Penal prevé penas para la producción, distribución, tenencia o almacenamiento de material de abuso sexual infantil, salvo que se justifique su tenencia por motivos profesionales o judiciales debidamente acreditados.
AMPLIAREMOS.
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