El Juzgado Federal resolvió que la investigación debe continuar en el ámbito provincial. La denuncia no incluyó pruebas directas ni precisó tiempo, lugar o modo del supuesto delito. Además, se aclaró que la Cooperativa genera su propia energía y no depende de la red nacional.
RÍO GRANDE25/06/2025
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La Justicia Federal de Río Grande se declaró incompetente para intervenir en la denuncia penal presentada contra directivos de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande. Así lo confirmó el secretario del Juzgado Federal, Dr. Juan Manuel Vicente, quien explicó que la decisión fue adoptada por la jueza a cargo del caso, en consonancia con el dictamen del Ministerio Público Fiscal.
El argumento central de la resolución es que los hechos denunciados no afectan intereses nacionales ni involucran a organismos federales, por lo que deben ser analizados por la Justicia ordinaria de Tierra del Fuego.
“Lo que se evaluó no fue el contenido del delito, sino a qué órbita judicial le corresponde investigarlo. Y en este caso se determinó que no hay elementos que justifiquen la intervención federal”, explicó Vicente.
Otro aspecto destacado por el funcionario judicial fue que la denuncia, presentada el 17 de junio, no incluyó pruebas directas ni una delimitación clara respecto del tiempo, lugar o modo del presunto ilícito. Además, no se señaló dónde podrían encontrarse evidencias relevantes para la investigación.
Asimismo, se remarcó que la Cooperativa Eléctrica de Río Grande genera su propia energía, al estar desconectada de la red nacional. Esto refuerza el criterio de que no hay perjuicio contra el sistema energético de competencia federal, ni afectación patrimonial al Estado nacional.
La causa ya fue remitida al Superior Tribunal de Justicia de la provincia, que definirá qué juzgado de Río Grande asumirá la investigación. En caso de que exista un conflicto de competencia, podría ser la Corte Suprema quien lo dirima, aunque ese escenario no es frecuente.
Desde el Juzgado Federal se aclaró que esta decisión no implica desestimar la denuncia, sino solo determinar que debe ser tratada por la Justicia provincial.
Por su parte, el abogado defensor, Francisco Giménez, pidió que su cliente sea absuelto y la prescripción por el delito de privación de la libertad.
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