Mal accionar de magistrada perjudica a damnificados y desmoraliza al Poder Judicial

Un grave incidente vial protagonizado por la jueza Felicitas Maiztegui Marcó, titular del Juzgado en lo Correccional de Ushuaia, dejó al descubierto una conducta que pone en jaque no solo su responsabilidad civil, sino también su integridad como funcionaria judicial. La magistrada causó daños materiales a varios vehículos y se dio a la fuga, todo quedó registrado por cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió el pasado viernes 13 de junio, cuando un Jeep Wrangler gris, dominio NVZ-484, propiedad de Maiztegui Marcó, circuló de forma errática por las calles de Ushuaia y terminó colisionando con varios vehículos estacionados. El episodio fue registrado por cámaras de seguridad y confirmado por testigos, uno de los cuales alertó a la Policía tras advertir el peligro que representaba la conducción del vehículo, aparentemente bajo los efectos del alcohol.

Los damnificados por esta conducta fueron la empresa Avis Rent a Car, cuyo vehículo resultó dañado y quedó fuera de servicio, Florencia Benevento, propietaria de un Citroën C5, y Juan Pablo Quinteros, dueño de un Jeep Renegade también impactado por el mismo vehículo en la misma zona y franja horaria.

Toda la situación fue detallada en un informe policial exhaustivo elevado por la Comisaría Primera al Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, donde constan los testimonios de testigos, imágenes captadas y la identificación posterior del rodado.

Pese a la gravedad del hecho, caratulado como “colisión sin personas lesionadas”, los daños materiales fueron de consideración. Los damnificados ya anunciaron que iniciarán acciones civiles por daños y perjuicios, incluyendo el lucro cesante de la empresa de alquiler de autos que perdió operatividad con uno de sus vehículos afectados.

Lo que más llama la atención, sin embargo, no es solo la actitud desaprensiva de la magistrada al darse a la fuga tras los hechos, sino el silencio absoluto del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, que hasta el momento no ha emitido declaración alguna frente a la conducta de una de sus juezas. Un hecho que profundiza la crisis de credibilidad del Poder Judicial en la provincia y pone en debate la ética de quienes deben impartir justicia.