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El pasado viernes por la tarde, en pleno centro de Ushuaia, una jueza provocó un choque múltiple contra vehículos estacionados y luego abandonó el lugar sin dejar datos. El hecho fue registrado por cámaras de seguridad y un testigo policial. Con el correr de las horas, la conductora fue identificada como Felicitas Maiztegui Marcó, jueza Correccional de la ciudad. Aunque luego se comunicó con los afectados para asumir los costos del daño, el hecho genera críticas por la ausencia de sanciones y por el cargo que ostenta.
El incidente ocurrió el viernes 13 en la calle Godoy, a metros de la avenida San Martín. Una camioneta Jeep Wrangler amarilla, conducida por la jueza Felicitas Maiztegui Marcó, impactó contra un Toyota Etios gris estacionado, que a su vez provocó daños en otro Etios blanco y en un Citroën Aircross. Dos de los vehículos pertenecían a una empresa de alquiler de autos y estaban correctamente detenidos.
La secuencia fue captada por una cámara de seguridad: se ve a la camioneta realizar un breve retroceso tras el impacto y luego seguir su marcha sin detenerse, girando hacia la avenida Maipú. Un efectivo policial que se encontraba cerca del lugar escuchó el estruendo y logró anotar la patente del vehículo. Gracias a esa información, se confirmó que la camioneta pertenecía a la jueza.
Horas más tarde, la magistrada se habría comunicado con los representantes de la empresa afectada para asumir la responsabilidad económica por los daños, evitando así una intervención judicial. No se registraron lesionados ni se activó un proceso penal o contravencional.
Sin embargo, el hecho no pasó desapercibido: Maiztegui Marcó es la jueza que revisa las apelaciones en causas de tránsito en Ushuaia, lo que expone un evidente conflicto institucional. A pesar de haber incurrido en una conducta reprochable según la Ley Nacional de Tránsito 24.449, no se conoció ninguna actuación de oficio por parte de inspectores ni del Poder Judicial.
El artículo 65 de la normativa vial establece que todo conductor involucrado en un accidente debe detenerse, identificarse y colaborar con la autoridad. La conducta de Maiztegui no se ajustó a estas obligaciones.
A su historial público se suman otras controversias: en 2019, reivindicó a través de redes sociales a la última dictadura militar, lo que motivó pedidos de juicio político por parte de organizaciones de derechos humanos. En 2024, declaró inconstitucional las ordenanzas que prohibían Uber en Ushuaia, autorizando la actividad de la plataforma digital de transporte.
