ATE impulsa un impuesto extraordinario a la actividad portuaria para reforzar salarios estatales

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Tierra del Fuego presentó un proyecto de ley que propone la creación de un "Impuesto Extraordinario a la Actividad de la Industria Portuaria" y una "Tasa Portuaria Especial", con el objetivo de destinar lo recaudado a un fondo salarial específico para los escalafones seco y húmedo del empleo público.

La iniciativa alcanza a empresas del sector industrial-portuario que se benefician de la Ley Nacional N° 19.640. El impuesto se aplicaría sobre la facturación anual con una alícuota del 2% para firmas que superen los 2.000 millones de pesos en ingresos brutos y del 3% para aquellas con utilidades netas superiores al 20% de su facturación.

Por otra parte, la tasa portuaria contemplada establecería un 0,5% sobre el valor FOB de las mercancías importadas o exportadas a través de los puertos provinciales, siempre que el volumen operado supere las 1.000 toneladas anuales por empresa o grupo económico. Las PyMEs con menos de 50 empleados quedarían exentas de ambos tributos.

El fondo resultante tendría como único fin mejorar las condiciones salariales del sector público, destinándose a aumentos, bonificaciones y recomposición de haberes. Su administración estaría a cargo de una comisión compuesta por representantes del Ministerio de Economía, legisladores, sindicatos estatales y el Tribunal de Cuentas.

Desde ATE, en la fundamentación del proyecto, sostienen que áreas como salud, educación, desarrollo social y servicios generales “se encuentran entre los sectores más postergados del empleo público provincial” y que la propuesta apunta a garantizar “una retribución justa” ante la pérdida de poder adquisitivo y el aumento de las exigencias laborales.

También remarcan que las grandes empresas hacen uso intensivo de la infraestructura portuaria sin un aporte equivalente en tributos, lo que —advierten— genera un impacto sostenido sobre la logística local. En este sentido, afirman que los nuevos instrumentos fiscales permitirían una redistribución más equitativa de los recursos, fortaleciendo los salarios estatales y el funcionamiento de los servicios esenciales.

El documento, firmado por Carlos Córdoba, señala que el proyecto incluye mecanismos de control institucional y sindical, y contempla la publicación trimestral de los datos sobre recaudación, destino de los fondos y mejoras salariales implementadas.