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En diálogo con Radio Provincia, el licenciado Alberto Garófalo, apoderado de CAFIN, analizó la situación de las textiles fueguinas frente a la apertura de importaciones y la flexibilización de trámites aduaneros. Según Garófalo, la industria local está preparada para competir, sobre todo en hilados y tejidos, pero la incertidumbre sobre la reglamentación del decreto 594 y la pérdida gradual de beneficios genera preocupación entre las empresas.
En ese marco, el licenciado Alberto Garófalo, apoderado de CAFIN, expresó su confianza en la capacidad de las textiles de Tierra del Fuego para enfrentar la competencia externa, sobre todo en los sectores de hilados y tejidos. Garófalo señaló que, si bien se han flexibilizado ciertos controles para la importación, como la eliminación de la restricción de los 30 días para el pago al exterior y la supresión de algunos trámites aduaneros, las empresas locales siguen manteniendo una fuerte competitividad.
“Nosotros estamos detectando que las empresas nuestras, que producen para la cadena de valor del continente, están bien posicionadas y con buenos precios para enfrentar la ola importadora, si es que se produce. Las textiles fueguinas tienen muchos argumentos para defenderse, sobre todo en producciones que no responden a marcas determinadas”, sostuvo el licenciado.
Sin embargo, Garófalo también advirtió sobre las complicaciones que enfrentan las confecciones, debido a la importación de productos terminados, que podría afectar a los productores locales de ropa y otros bienes finales. “Las textiles de Tierra del Fuego están firmes y siguen produciendo en la isla, en la medida en que las dejen”, aseguró, dejando entrever la resistencia de la industria local ante las condiciones cambiantes del mercado.
Un tema clave en la conversación fue el futuro de los beneficios fiscales bajo el Decreto 594, el cual establece una disminución gradual de los incentivos a partir del 1° de enero de 2025. "El tema está entre algodones", comentó Garófalo, refiriéndose a la incertidumbre generada por la falta de reglamentación de este decreto. “Las empresas que están dentro del régimen aún no saben cómo se instrumentará esta disminución de beneficios y si será retroactiva. Es una situación de incertidumbre”, destacó.
En cuanto a las empresas en litigio con el gobierno nacional, Garófalo explicó que estas están operando bajo un sistema de caución, garantizando toda la mercadería enviada al continente, lo que representa un desafío financiero para las firmas involucradas. “Por ahora nuestras textiles apuestan y van para adelante, como lo vienen haciendo desde hace más de 30 años. Es una de las primeras ramas que se instalaron en la isla y desean permanecer allí”, expresó.
El programa también abordó la situación del FAMP, el fondo de ampliación de la matriz productiva, al que se han presentado varios proyectos industriales. Sin embargo, hasta el momento solo se han aprobado proyectos relacionados con el turismo en Ushuaia. Garófalo indicó que algunos proyectos industriales están en proceso de evaluación, pero aún no se han visto resultados concretos "las empresas están aportando y se está trabajando en ajustar los proyectos a lo que exige el FAMP", comentó.
Por último, el apoderado de CAFIN destacó la difícil situación que enfrenta el gobierno provincial, que aunque mantiene un diálogo constante con los empresarios, tiene un margen limitado para tomar medidas en un régimen que depende de la autoridad nacional.
