Allanaron una financiera en Río Grande tras una denuncia por estafa: "Le transformaron una deuda de 150 mil en más de 4 millones"

Una vecina de Río Grande denunció haber sido víctima de una estafa por parte de la financiera "Prendacheck", a la que había acudido en busca de un préstamo. El caso derivó en un allanamiento a las oficinas del supuesto prestamista, tras una serie de irregularidades detectadas en la operatoria.

El abogado de la damnificada, Francisco Giménez, dialogó con ((La 97)) Radio Fueguina y explicó que su clienta recurrió a la entidad en 2022 con la intención de acceder a un crédito de 150 mil pesos. “Afrontó la mitad de los pagos en 4 cuotas de 80 mil pesos. Iba recurrentemente a desfinanciar y no la atendían porque la estaban por atrás haciéndole correr la ejecución judicial”, detalló.

Según relató el letrado, la financiera en cuestión operaba sin habilitación municipal ni autorización del Banco Central, promocionándose únicamente a través de redes sociales y con domicilio en el barrio CGT de la ciudad. Además, carecía de cartel identificatorio.

La situación se agravó cuando la vecina fue sorprendida en su domicilio por un oficial de justicia. “Un día, le golpea la puerta el oficial de justicia con los representantes legales de la financiera y le llevan el único bien que tenía, una camioneta, se la rematan y la deuda de 150 mil pesos, se la transforman en una de 4 millones y pico”, denunció Giménez.

El abogado señaló que a su clienta le hicieron firmar un pagaré en blanco, que luego fue completado con una cifra abultada. “Le hicieron firmar un pagaré en blanco, el cual luego se lo transformó a una suma de 800 mil pesos, y ahí está la defraudación”, subrayó.

En un primer momento, la Justicia Penal no tomó el caso. “La Jueza de Instrucción dijo que era una cuestión civil y comercial. Fuimos a la Cámara en queja, sosteniendo que evidentemente estábamos ante un delito, porque si una persona confía dejando un pagaré en blanco en garantía, no se lo pueden llenar en el monto que se lo hicieron, porque cómo pasamos de 150 mil a 4 millones y pico de pesos”, relató el letrado.

Finalmente, la Cámara ordenó reabrir el expediente. “Se tomaron importantes medidas, como fue el allanamiento en estos días, donde se secuestraron elementos bastantes importantes, que le dan la razón a la denunciante”, afirmó.

Además, advirtió sobre la posibilidad de que existan otros casos similares: “En principio, por el control judicial del sistema, notamos que hay cientos de operaciones por parte de la financiera, y por prácticas forenses, cuando vemos lo habitual en este tipo de personas, es hacer la misma práctica con todos. Cada persona que se sienta damnificada, deberá recurrir a la Fiscalía de turno o al abogado de confianza para asesorarlos”.

Sobre el perfil de las posibles víctimas, Giménez remarcó que suelen ser personas en situación de vulnerabilidad. “Vulnerables, que se encuentran mal económicamente, que se le junta con lo emocional y a veces quedan paralizados ante este tipo de situaciones, pero es momento de hacer valer sus derechos”, expresó. Y agregó: “Los estafadores se abusan de crisis económicas y son quienes se abusan de este tipo de gente”.