Graves denuncias por recortes en derechos humanos

En su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional (AI) lanzó duras críticas al gobierno de Javier Milei por el desmantelamiento de políticas públicas clave, el debilitamiento de derechos básicos y el uso creciente de mecanismos de represión y vigilancia.

Amnistía Internacional alertó en su último informe anual sobre el profundo retroceso en materia de derechos humanos registrado en Argentina durante los primeros meses de gestión del presidente Javier Milei. Según la organización, el ajuste fiscal, los cierres de programas sociales y las nuevas políticas de seguridad interna han tenido un impacto negativo directo en sectores vulnerables como mujeres, adolescentes, niños y adultos mayores.

Entre los puntos más preocupantes, AI destaca la reducción del 42% del personal de la línea 144, destinada a asistir a víctimas de violencia de género, y la virtual desaparición del programa Acompañar, cuyo alcance fue recortado en un 98,63% respecto a 2023. Además, se señala el desfinanciamiento de programas de salud sexual y reproductiva, como el Plan de Prevención de Embarazos No Planificados en Adolescentes, que hasta entonces había logrado una reducción del 49% en los casos.

En paralelo, el informe denuncia un preocupante aumento de la violencia digital contra periodistas, con cifras alarmantes: el 63,5% de las comunicadoras sufrió violencia online, el 85,6% fue víctima de acoso o troleo, y el 45,9% recibió amenazas o acoso sexual.

Amnistía también pone el foco en el uso de tecnologías de vigilancia masiva impulsadas por el Ministerio de Seguridad, como el reconocimiento facial, el monitoreo de redes sociales y el análisis predictivo de delitos, lo que plantea serias dudas sobre la protección de la privacidad y la libertad de expresión.

En el plano económico, AI denunció que los recortes presupuestarios “impactaron desproporcionadamente en niños y adultos mayores”, mientras se mantuvieron exenciones fiscales para grandes empresas y se vetaron iniciativas de mejora para los haberes jubilatorios.

La organización también cuestionó el nuevo protocolo de orden público, que estaría facilitando una mayor represión en las protestas sociales, y lamentó el cierre de la Unidad de Investigación sobre niños desaparecidos durante la dictadura, considerándolo un paso atrás en la lucha contra la impunidad.

Según Amnistía, estos retrocesos reflejan una política de Estado que pone en riesgo derechos fundamentales y vulnera el acceso a servicios esenciales, afectando especialmente a quienes más protección necesitan.