Cierre de oficinas fiscales: un golpe a trabajadores y contribuyentes

Esta mañana, en comunicación con Radio Provincia, Andrés Molina, vocal de la mesa nacional de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (ARCA, ex AFIP), abordó la preocupante situación que atraviesan los trabajadores del organismo. Durante la entrevista, Molina expuso el impacto de las medidas del gobierno, que incluyen el cierre de oficinas en distintas provincias, la reducción de personal, el congelamiento salarial y la falta de diálogo con las autoridades. Asimismo, manifestó la incertidumbre que enfrentan los empleados, la preocupación de monotributistas y pequeñas empresas, y el plan de lucha que llevan adelante desde el sector gremial.

Esta mañana, Andrés Molina, vocal de la mesa nacional de ARCA, comenzó la charla describiendo el contexto general en el que se encuentran los trabajadores fiscales. Explicó que el gobierno actual mantiene una política de ajuste que apunta a licuar salarios, eliminar estabilidad laboral y desmantelar el Estado. Según detalló, estas decisiones no afectan solo a los empleados de ARCA, sino que impactan en toda la estructura del país, debilitando la capacidad de recaudación del Estado y reduciendo los servicios públicos esenciales.

En relación con la situación de los trabajadores, Molina enfatizó que desde hace un año los salarios están congelados y que además se les ha recortado una parte significativa del Fondo de Generalización "nos están licuando el salario y además nos atacan con una violencia inusitada", expresó, aludiendo a declaraciones del presidente en las que calificó a los trabajadores fiscales como "burócratas que persiguen a los héroes evasores".

Sobre el cierre de oficinas de ARCA, el dirigente gremial amplió el panorama, aclarando que la medida no solo afectó a Mendoza, sino que se aplicó en todo el país. En total, se cerraron 35 receptorías y 38 distritos, dejando a más de 650 empleados en incertidumbre.

En ese punto, Molina explicó que estas oficinas cumplen un rol clave en la atención a contribuyentes, desde pequeños monotributistas hasta jubilados que necesitan asistencia con trámites específicos "hay contribuyentes que ahora deberán viajar más de 300 kilómetros para hacer un trámite presencial”, denunció, refiriéndose a los cierres en localidades como Calafate y Puerto Deseado.

Además, señaló la improvisación en la toma de decisiones, mencionando el caso de Chilecito, donde se construyó recientemente un edificio propio para ARCA, que ahora está en riesgo de ser vendido.

Frente a esta situación, el sector gremial ha tomado medidas de protesta ya que, en los últimos días se llevaron a cabo asambleas y un “apagón informático” en los lugares de trabajo, como forma de manifestación pacífica.

También informaron al administrador de ARCA mediante una carta documento, exigiendo respuestas en un plazo de cinco días sobre el futuro de los empleados afectados por los cierres.

El panorama se agrava con la postura del gobierno en las negociaciones. Molina denunció que cualquier intento de discutir aumentos salariales queda condicionado a que los trabajadores renuncien a la medida cautelar que impide los despidos masivos "nos piden que bajemos la cautelar a cambio de aumentos salariales”, reveló, calificando la situación como una extorsión.

Respecto a las próximas acciones, el dirigente confirmó que el conflicto sigue en pie y que el gremio adherirá al paro convocado por la CGT para el 10 de abril. Además, recordó que la lucha comenzó el año pasado, cuando el gobierno anunció el despido de 3.500 empleados, lo que derivó en una serie de medidas gremiales que culminaron en la obtención de la medida cautelar vigente.

Por último Andrés Molina resaltó la angustia y la incertidumbre que viven los trabajadores de ARCA, quienes no solo enfrentan el temor a los despidos, sino también la inestabilidad generada por la improvisación en la toma de decisiones "cambiando el nombre creen que cambian algunas cosas, pero en realidad, cambian todo para peor”, concluyó.