El juez de Ejecución Manuel Isidoro López ordenó la internación de Claudia Ávila por 20 días en el Hospital Regional de Ushuaia. La mujer, víctima de trata y condenada a perpetua, sufre graves patologías sin atención adecuada.
Ushuaia24/02/2025
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Claudia Ávila, víctima de trata y condenada a prisión perpetua por la muerte de su proxeneta, será internada durante 20 días en el Hospital Regional de Ushuaia. Así lo dispuso el juez de Ejecución Manuel Isidoro López, ante la preocupación de organismos de derechos humanos por el deterioro de su salud y la falta de atención en el sistema penitenciario.
El juez de Ejecución Manuel Isidoro López, junto con el secretario Dante Peñalver Rodríguez, resolvió el pasado viernes ordenar la internación inmediata de Claudia Ávila en el Hospital Regional de Ushuaia. La medida responde a la necesidad urgente de tratar las graves patologías que padece la mujer, las cuales han sido desatendidas tanto por el sistema de salud de la provincia como por el Servicio Penitenciario.
La resolución judicial dispone que Ávila permanezca internada por un período no menor a 20 días en el hospital, con el objetivo de estabilizar su estado de salud y garantizar un tratamiento integral. La decisión se sustenta en la Regla 24 de las Reglas Mandela, que establece la responsabilidad del Estado en la atención médica de las personas privadas de libertad, asegurando acceso gratuito y sin discriminación a los servicios de salud.
El caso de Claudia Ávila ha generado un fuerte reclamo de la Red Alto al Tráfico y la Trata y la Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande, que han denunciado la falta de asistencia médica adecuada y la revictimización constante que sufre la interna. Desde hace meses, distintas organizaciones han solicitado que se evalúe la posibilidad de una detención domiciliaria, debido a su frágil estado de salud y la falta de familiares que puedan asistirla.
En su resolución, el juez López también responsabiliza al Estado, en particular al Poder Ejecutivo, de garantizar el bienestar físico y psíquico de las personas privadas de libertad. Según la Regla 24, las instituciones de salud penitenciaria deben estar vinculadas al sistema de salud pública para asegurar una atención continua y de calidad a los reclusos.
Cabe recordar que, en diciembre del año pasado, la Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande y la Asociación de Familiares, Mujeres e Hijxs de Personas Privadas de la Libertad emitieron un comunicado expresando su preocupación por la situación de Ávila. En el documento, se responsabilizaba al Gobierno provincial, al Ministerio de Salud y al Servicio Penitenciario por las consecuencias de la falta de atención médica adecuada.
A lo largo de su condena, Claudia Ávila ha sido objeto de numerosas violaciones a sus derechos humanos. Su historia está marcada por el sometimiento, el abuso y la violencia, circunstancias que no fueron suficientemente consideradas en el fallo que la condenó a prisión perpetua por un crimen que ella asegura no haber cometido.
La intervención del defensor ante el Superior Tribunal de Justicia, Dr. Jesús Jetar González Saber, ha sido clave para impulsar acciones que permitan garantizar la atención médica adecuada para la interna. Ahora, con la orden judicial en vigencia, crecen las expectativas de que la medida no solo asegure su recuperación inmediata, sino que también abra la puerta a una solución de fondo que le brinde condiciones dignas de detención y atención médica.
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