Fin del Reprocann: "El comunicado de Bullrich estigmatiza una terapia alternativa que salva vidas"

En diálogo con FM Master's, María José Pazos manifestó su rechazo al reciente comunicado de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre la eliminación del programa de terapia alternativa. Explicó los beneficios del tratamiento, su impacto en pacientes con diversas enfermedades y por qué considera que el anuncio del Gobierno es un error que atenta contra el acceso a la salud.

En primer lugar, Pazos comenzó su declaración enfatizando que "este programa ha demostrado ser una herramienta eficaz para mejorar la calidad de vida de muchas personas". Explicó que la terapia alternativa que el Gobierno busca eliminar "se ha utilizado para tratar enfermedades crónicas y trastornos que no encuentran solución en la medicina tradicional".

En esa línea, al referirse al comunicado de Bullrich, Pazos fue categórica "es una medida basada en desinformación y prejuicios. No podemos permitir que se difundan mensajes erróneos sobre un tratamiento que cuenta con respaldo profesional y científico".

Asimismo, enfatizó en que "eliminar el programa no solo perjudica a los pacientes actuales, sino que también limita el acceso a una opción terapéutica válida".

A su vez, Pazos sostuvo que "es fundamental que se reconozcan los beneficios de esta terapia, que ha sido una alternativa efectiva para quienes no encuentran alivio en otros tratamientos". Agregando que el programa "no solo ayuda a quienes lo necesitan, sino que también descomprime el sistema de salud público".

En relación con las enfermedades que trata este programa, explicó que "pacientes con patologías crónicas, enfermedades autoinmunes y trastornos del dolor han encontrado en esta terapia una solución real a su sufrimiento. No se trata de una pseudociencia, sino de un abordaje complementario avalado por especialistas", aseveró.

Por útlimo, María José Pazos llamó a las autoridades provinciales a tomar cartas en el asunto "Tierra del Fuego tiene la posibilidad de reglamentar su propia ley 1.277, como hicieron otras provincias. Necesitamos que el gobierno provincial tome esta decisión para garantizar el acceso al tratamiento y no depender de las medidas del gobierno nacional. Las familias cultivadoras estamos en pie de guerra. No vamos a permitir que nos quiten lo que a nuestros hijos les devolvió la mirada, la sonrisa y la calidad de vida", concluyó.