Río Grande y Ushuaia entre las ciudades con mayor gasto anual por habitante en Concejos Deliberantes

 Según un ranking elaborado por la Fundación Libertad sobre el importe total de las 55 ciudades seleccionadas que presentaron presupuesto en 2024 destinado a las legislaturas municipales para el año en curso asciende a $123.289 mil millones.

Esto implica que cada concejal tiene un costo de $129.400 millones al año. El concejo deliberante más costoso de la Argentina lo tiene San Miguel de Tucumán (curiosamente, Tucumán es la provincia que más gasta por legislador provincial), con $668,3 millones por año.

Le siguen Río Gallegos con $639,3 millones y San Salvador de Jujuy con $564 millones. Las ciudades de Rosario y Córdoba gastan casi lo mismo por concejal, siendo el costo anual de los mismos $285,6 y $285,1 millones por año. Más de 2,2 veces del promedio.

El gasto destinado a los Concejos Deliberantes en las ciudades representa en promedio el 3,3% del total de sus presupuestos. Los que mayor porción del presupuesto gastan son Formosa (13,7%), Posadas (11,2%), San Salvador de Jujuy (8,4%), Río Gallegos (8,3%) y Rawson (7,4%).

La mayor parte del gasto de los Concejos Deliberantes se destina a personal. La participación promedio del gasto en personal en el total del gasto del concejo es del 87,4%. En el caso de Rosario, la cifra asciende al 68,52%, lo que la ubica como la cuarta que menos gasta en
personal en términos relativos de todas aquellas para las que disponemos de información.

En promedio, hay 17 trabajadores por legislador. La jurisdicción con mayor cantidad de empleados es Posadas, posee 122 empleados por cada concejal. La ciudad de Córdoba tiene empleadas a 8 personas por concejal.

Aproximadamente, se gastan en promedio $6.344 por habitante al año para financiar los Concejos Deliberantes. Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia gastan $39 mil, $33 mil y $29 mil al año por habitante, respectivamente. 

Córdoba y Rosario se encuentran en guarismos similares, $5.872 y $5.930. Los números expuestos evidencian la necesidad de reformar y racionalizar estas instituciones, eliminando gastos superfluos que no generan valor directo para la sociedad.