
La medida será financiada con el ahorro logrado en la compra eficiente de la vacuna antigripal.
San Luis será la jurisdicción que implemente este estudio. Se aplicará a los empleados de los tres poderes del Estado.
PAÍS21/11/2024La provincia de San Luis impulsó el narcotest: una serie de exámenes toxicológicos contemplados en la Ley de Ejemplaridad y Coherencia. El test se aplicará sobre los empleados de los tres poderes del Estado, incluyendo al gobernador Claudio Poggi.
En detalle, el examen consiste en la toma de orina - asociada al Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada persona - y buscará la detección de sustancias ilegales. El estudio será de carácter obligatorio, y se llevarán a cabo de manera anual y aleatoria.
San Luís implementará el narcotest para empleados estatales
En detalle, el examen fue confirmado a través de un decreto firmado por Nancy Sosa, ministra de Seguridad provincial. Según detalló la funcionaria, el procedimiento es "rápido y sencillo" y consiste en la toma de orina, asociada al Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada persona y que sirve para "otorgar transparencia al accionar de la gestión".
"Como funcionario públicos tenemos que dar el ejemplo, eso es indiscutible. Reafirma la lucha contra el narcotráfico y cortar cualquier cadena delictual asociada a la demanda es fundamental", detalló.
El decreto establece que se someterá a un examen toxicológico a funcionarios del Ejecutivo Provincial, del Poder Legislativo y del Judicial. La normativa establece que hasta el propio gobernador y su Gabinete deben realizarlo.
La reglamentación especifica que los test serán de carácter obligatorio y que se realizarán de manera anual y aleatoria con el objetivo de garantizar la transparencia en la selección de los funcionarios. Por otro lado, la toma de muestras se hará en instituciones públicas que no dependan del Estado, para asegurar la independencia de los resultados.
En caso de que se detecte la presencia de sustancias ilegales, las autoridades correspondientes deberán aplicar medidas de contención y asistencia que incluyen licencias, la suspensión temporal de funciones, o incluso el cese en el cargo, dependiendo del caso y conforme a la legislación vigente y la Constitución provincial.
En los últimos días, Poggi participó del procedimiento realizado en las instalaciones de la Universidad de San Luis. El gobernador fue recibido por el secretario de Ética Pública, Ricardo Bazla, y el decano de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Sebastián Andújar. "Los resultados estarán en unos días", señaló al final de los mismos.
Martín Llarryora: el antecedente del narcotest
El narcotest en San Luís no es el único caso existente de este tipo de estudios en Argentina. En julio de este año, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se sometió a este examen en el hospital San Roque y además se realizó el análisis de laboratorio que permite detectar la presencia de metabolitos de drogas ilegales en orina.
El estudio que se realizó Llaryora es en cumplimiento de la ley 10954 de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, promulgada el pasado 26 de abril, que crea el Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, que establece el marco jurídico para la implementación de un nuevo modelo que agilizará la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico.
El Narcotest, que puede realizarse en instituciones tanto públicas como privadas, es "obligatorio" para aquellas personas que desempeñen funciones públicas. Esto incluye a ministros, secretarios, subsecretarios, directores, subdirectores, asesores y quienes, por disposición legal o reglamentaria, "ejerzan funciones de jerarquía equivalentes a las de los cargos mencionados".
Según la Ley, los funcionarios públicos deben presentar un certificado negativo expedido por institución médica que acredite "la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales", conocido como narcotest.
En caso de incumplimiento del Artículo Nro. 66, que exige dicho certificado, se aplicará el procedimiento vigente de la repartición donde reviste el supuesto infractor.
La medida será financiada con el ahorro logrado en la compra eficiente de la vacuna antigripal.
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