
El pedido fue realizado para tratar también proyectos de Inocencia Fiscal y el marco regulatorio para la estabilidad monetaria.
La jueza federal ordenó que se realicen inspecciones periódicas y la reparación del reasfaltado realizado sobre la traza habitual, al margen de los problemas de obra que presenta el tramo de Caleta Olivia- Comodoro Rivadavia.
PAÍS01/06/2024
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Luego de la audiencia mantenida esta semana con representantes de Vialidad Nacional, el abogado Ismael Machuca ponderó que “por primera vez en seis años, el jefe de distrito Santa Cruz reconoció el mal estado de la ruta y asumió el compromiso y obligación con los usuarios”. Al mismo tiempo, criticó las recientes reparaciones en la zona de Punta Peligro, donde, dijo, “sólo se hizo un maquillaje”.
“Fue la primera vez que escucho esto”, ponderó el abogado que inició una demanda, en el año 2018, para que el organismo vial garantice las condiciones de transitabilidad y seguridad en el trayecto original de la ruta 3 entre Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, en particular en el tramo que va desde el Puesto Ramón Santos hacia el ingreso de la ciudad santacruceña.
El abogado se refirió así a la postura asumida por el titular del distrito Santa Cruz del organismo vial, ingeniero Paulo Croppi.
"Fue interesante la audiencia porque por primera vez en seis años un jefe de distrito de la provincia se hace cargo de la situación actual de la Ruta 3 al reconocer el problema y asegurar que tienen una obligación con los usuarios. Se lo manifesté así y me parece bien este compromiso. Ahora esperemos que empiecen a cumplir con la sentencia judicial", enfatizó el abogado.
Machuca cuestionó que los trabajos realizados el fin de semana pasado en la zona de Punta Peligro no fue un trabajo de fondo.
Más allá del compromiso, Machuca informó que la jueza federal ordenó que se realicen inspecciones en los puntos críticos de la traza, “para comprobar cuál es el estado real de la ruta. Y también, más positivo aún, que se garantice la reparación del reasfaltado de la ruta que hizo la empresa CPC, que hoy por hoy está nuevamente cubierto de baches, con pozos y deformaciones. Creemos que con esta actitud de compromiso real con la ciudadanía empezarán a hacer los trabajos, en base a una sentencia judicial que está firme y debe ser cumplida”.
El abogado recordó que la orden está dirigida a Vialidad Nacional y que en caso de incumplir, deberá ser multada, por lo que debe exigir que la obra se termine en tiempo y forma, independientemente del proyecto de autovía, que está paralizado y no se vincula a esta demanda.
“Vialidad debe disponer las medidas para garantizar la seguridad en el tránsito por la traza actual, que volvió a tomar notoriedad por la conferencia de prensa de algún político -criticó, en referencia al reclamo de Marcelo Soloaga, presidente de la junta comunal de Cañadón Seco- y del fiscal de Estado de Sana Cruz, a quienes se les indicó remitirse al expediente que yo inicié en representación de un colectivo de usuarios de la ruta”.
Machuca también cuestionó que los trabajos realizados el fin de semana pasado, en la zona de Punta Peligro, tras el descalce de la ruta en ese sector, no fueron un trabajo de fondo.
“Si lo puedo expresar en forma común, simplemente hicieron un maquillaje que no reviste importancia -aseguró-. Porque se presentó una grieta formada por las lluvias y lo que se debió hacer es trabajar sobre el cerro, porque estaba disminuyendo el talud, para apuntalar la ruta”.
En cuanto a los plazos para realizar los trabajos de reparación del pavimento, enfatizó que “están todos vencidos”, por lo que la jueza federal ordenó que se realicen informes periódicos sobre el estado y avance de los trabajos.
“Nosotros reclamamos sobre la traza actual, no hay que confundir con el proyecto de la autovía que se licitó 3 veces y sigue paralizado, pese al transcurso de los años. El reclamo es por la traza actual, por la que transitamos nosotros todos los días”, concluyó.

El pedido fue realizado para tratar también proyectos de Inocencia Fiscal y el marco regulatorio para la estabilidad monetaria.

La acusación sostiene que entre 2003 y 2015 operó una asociación ilícita integrada por Cristina Kirchner y altos funcionarios del Ministerio de Planificación.

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