
Patricia Bullrich denunció “una operación de espionaje ilegal” y apuntó contra el kirchnerismo
La ministra de Seguridad calificó la maniobra como “un ataque frontal a la democracia”.
La resolución del Gobierno Nacional también incluye nuevas normas a cumplir por parte de las empresas de insumos difundidos. La canastas de productos que se incorporaron para los festejos de Navidad y Año Nuevo.
PAÍS27/12/2022La resolución original con la que se creo Precios Justos, publicada el 10 de noviembre, se ceñía a empresas proveedoras de Bienes de Consumo Masivo, supermercados minoristas y mayoristas, y no fijaba el plazo de vigencia del programa, más allá de establecer que los convenios con cada empresa se extendería desde noviembre de 2022 hasta fines de febrero de 2023.
Sin embargo, este lunes en el Boletín Oficial se publicó la Resolución 1077/2022, que extiende la vigencia del programa hasta el 31 de diciembre de 2023 y precisa los modelos de contrato de las empresas productoras de insumos difundidos que accedan a participar de la iniciativa.
La resolución indica que, cuando a fines de febrero cierre la actual etapa del programa, las empresas se tendrán que volver a sentar en la mesa con el Gobierno para establecer una nueva pauta de aumento de los precios. Hasta ahora, la prenda de negociación de parte de Comercio es la autorización de las importaciones a cambio del compromiso en las góndolas.
Precios Justos fue anunciado en noviembre por el ministro de Economía, Sergio Massa, con la idea de renovar la apuesta sobre los controles de precios, luego del paulatino deterioro de Precios Cuidados.
El programa fijó los precios de más de 1900 productos de primera necesidad durante un lapso de 120 días, mediante acuerdos voluntarios con empresas productoras y comercializadoras.
Los consumidores y consumidoras de todo el país pueden verificar precios y si un producto en góndola forma parte de Precios Justos a través de la app del programa que puede descargarse tanto para Android como para IOS.
La app, además, permite realizar denuncias en caso de incumplimiento de precios o faltantes.
La ministra de Seguridad calificó la maniobra como “un ataque frontal a la democracia”.
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