19640 Noticias
La Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inconstitucional la fórmula de movilidad jubilatoria establecida durante el gobierno de Alberto Fernández y ordenó reemplazarla por el mecanismo de actualización que estuvo vigente durante la presidencia de Mauricio Macri.
La decisión fue adoptada por la Sala II del tribunal en el marco de una demanda presentada contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por una jubilada identificada como Carmen Galletta. Los jueces Juan Alberto Fantini y Nora Carmen Dorado revocaron una sentencia de primera instancia que había rechazado el planteo y dispusieron recalcular sus haberes.
El fallo establece que deberá aplicarse la fórmula prevista en la Ley 27.426 desde enero de 2021 hasta junio de 2024 inclusive. Posteriormente, el cálculo deberá continuar con el régimen de actualización mensual por inflación establecido mediante el decreto 274/2024.
Entre los fundamentos de la resolución, el tribunal cuestionó el funcionamiento de la fórmula establecida por la Ley 27.609, que contemplaba la evolución de los salarios y de la recaudación tributaria, pero no incluía mecanismos de protección frente a períodos de aceleración inflacionaria.
Uno de los datos centrales considerados por los magistrados fue la diferencia entre los aumentos jubilatorios y la evolución de los precios. Según el análisis incorporado al fallo, entre marzo de 2021 y marzo de 2024 la movilidad acumulada alcanzó el 553,55%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un incremento del 1.129,07%.
Esta diferencia representó una pérdida real del poder adquisitivo del 46,83%. Los jueces también señalaron que los posteriores aumentos vinculados a la inflación no lograron compensar el deterioro, debido a que se aplicaron sobre una base de haberes que ya había perdido valor.
Para determinar la recomposición, la Cámara dispuso recuperar el mecanismo establecido por la Ley 27.426, que combinaba trimestralmente un 70% de la variación del Índice de Precios al Consumidor y un 30% de la evolución salarial medida por el RIPTE.
En el cálculo deberán descontarse los importes que la beneficiaria ya haya percibido por movilidad, adelantos y bonos extraordinarios, con el objetivo de evitar duplicaciones en los pagos.
Asimismo, el tribunal declaró inconstitucional el límite previsto en el artículo 9 de la Ley 24.463 cuando su aplicación genere una reducción igual o superior al 15%. También estableció que se utilizará la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central para los intereses correspondientes.
Sin embargo, la Cámara admitió la excepción de prescripción planteada por la ANSES, lo que limita el período por el cual podrán reclamarse diferencias retroactivas.
La resolución tiene efectos directos únicamente sobre el expediente de la jubilada que inició la demanda. Por lo tanto, no implica un aumento automático para todos los jubilados y pensionados del país.
No obstante, el pronunciamiento constituye un antecedente judicial relevante para otros reclamos previsionales que se encuentran en trámite y que cuestionan la pérdida de poder adquisitivo registrada durante la vigencia de aquella fórmula de movilidad.
