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La Legislatura de Tierra del Fuego avanzó con el tratamiento de un proyecto de ley destinado a la regularización de tierras productivas en la Margen Sur de Río Grande. La iniciativa, remitida por el Poder Ejecutivo provincial, obtuvo dictamen en las Comisiones de Economía N.º 2 y de Recursos Naturales N.º 5 y propone declarar de utilidad pública y sujetas a expropiación las parcelas 1, 2 y 3 del macizo 67.
El dictamen corresponde al asunto N.º 552/26 y representa un nuevo avance en el tratamiento legislativo de una iniciativa que busca brindar mayor seguridad jurídica a los productores de la zona.
La propuesta apunta a que los chacareros de ese sector puedan acceder a condiciones similares a las contempladas en la Ley provincial N.º 1287, que establece un marco de referencia para otros productores de la provincia.
Uno de los aspectos centrales del proyecto es el procedimiento previsto para avanzar con la regularización. La declaración de utilidad pública no implica una expropiación inmediata, sino que constituye un paso previo para iniciar el trámite correspondiente, que deberá llevar adelante el Poder Ejecutivo provincial.
Asimismo, para concretar el proceso será necesario determinar los recursos destinados al pago de las tierras. En ese marco, el valor de los terrenos deberá establecerse mediante la intervención del Tribunal de Tasaciones, una instancia prevista dentro del procedimiento.
La iniciativa también contempla que los productores deberán pagar por las tierras, por lo que la regularización no supone una entrega gratuita de los inmuebles.
De la reunión participaron legisladores y legisladoras de distintos espacios políticos, junto con el ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita, quien se sumó de manera remota. También estuvieron presentes productoras y productores de la zona sur de Río Grande.
Con el dictamen emitido, el proyecto quedó en condiciones de continuar su recorrido legislativo y podría ser tratado en una próxima sesión, según lo señalado al finalizar el encuentro.
La iniciativa busca avanzar en la situación dominial de las tierras productivas de la Margen Sur, con el objetivo de establecer un marco jurídico para los productores y definir los pasos administrativos y económicos necesarios para concretar el procedimiento.
