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La Cámara de Diputados puso en marcha el debate en comisión del proyecto de Presupuesto 2027, con la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien defendió las principales previsiones económicas del Gobierno de Javier Milei y aseguró que están contemplados los recursos necesarios para financiar las prestaciones de Discapacidad. En paralelo, la oposición cuestionó las estimaciones oficiales, reclamó la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y exigió garantías para el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El oficialismo prevé firmar el dictamen el 28 de octubre y llevar la iniciativa al recinto durante la semana del 20 de noviembre.
Durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el diputado José Luis “Bertie” Benegas Lynch, Guberman presentó los principales lineamientos del proyecto y defendió la política económica de la administración libertaria.
Entre los objetivos centrales, la iniciativa contempla un superávit financiero del 0,2% del Producto Bruto Interno (PBI) y un superávit primario del 1,3% del PBI. Además, proyecta una inflación interanual del 18% para diciembre de 2027 y un tipo de cambio mayorista de referencia de $1.847 por dólar para fines del próximo año.
En su exposición, el funcionario destacó los resultados que atribuyó a la gestión de Milei, entre ellos el equilibrio de las cuentas públicas, el saneamiento del Banco Central, el levantamiento de las restricciones cambiarias y la reducción de impuestos. También repasó la situación económica que, según sostuvo, recibió el Gobierno al asumir en diciembre de 2023.
Uno de los momentos centrales del debate estuvo relacionado con el financiamiento de las políticas de Discapacidad. Guberman aseguró que el proyecto contempla los recursos necesarios para cubrir las demandas del sector y sostuvo que está previsto financiar el 100% de las partidas que se requieran.
La declaración buscó despejar las dudas generadas por los artículos de la versión original del proyecto que habían despertado cuestionamientos por su posible impacto sobre la Emergencia en Discapacidad.
Sin embargo, el secretario de Hacienda evitó confirmar si el Poder Ejecutivo retirará las disposiciones cuestionadas. Ante las consultas de la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz, señaló que el Congreso tiene capacidad de decisión propia y reconoció que existen diferencias entre la postura del oficialismo y la de otros bloques legislativos.
La exposición de Guberman estuvo marcada por los cuestionamientos de los legisladores opositores, especialmente en torno a las previsiones de inflación, crecimiento y actividad económica.
La diputada Julia Strada, de Unión por la Patria, cuestionó las proyecciones oficiales y puso en duda la credibilidad de las estimaciones presentadas por el Ejecutivo. También consultó al funcionario sobre la posibilidad de que la economía atraviese una recesión durante el tercer trimestre.
Guberman respondió negativamente a esa posibilidad, aunque evitó contestar de manera directa algunos de los planteos formulados por la legisladora.
Por su parte, el secretario de Hacienda rechazó que exista una destrucción del empleo y afirmó que los aportes y contribuciones continuarán creciendo. También defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) al considerar que, sin ese instrumento, determinadas inversiones no se habrían concretado.
Otro de los puntos discutidos fue el destino de los recursos recaudados a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos.
Tolosa Paz cuestionó que esos fondos no se destinen íntegramente a las obras viales y sostuvo que una parte significativa se utiliza para sostener el equilibrio fiscal.
En respuesta, Guberman aseguró que existen trabajos en ejecución y precisó que la Dirección Nacional de Vialidad contempla tareas de mantenimiento sobre 28.445 kilómetros de rutas, además de la construcción de más de 1.000 kilómetros de nuevas vías.
El financiamiento de las universidades públicas también ocupó un lugar central en los reclamos opositores. El bloque de Unión por la Patria, encabezado por Germán Martínez, presentó una nota dirigida al jefe de Gabinete, Diego Santilli, en la que denunció el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió que el proyecto de Presupuesto 2027 no garantiza los recursos necesarios para su aplicación.
Entre los pedidos, la bancada reclamó que el Gobierno cumpla con las disposiciones judiciales vigentes, incremente las partidas presupuestarias destinadas a las universidades y compense esos recursos mediante una reducción de gastos en la jurisdicción de Obligaciones a Cargo del Tesoro, sin modificar el resultado financiero previsto para 2027.
El planteo se produjo en la antesala de una nueva marcha universitaria convocada frente al Congreso, en un contexto de disputa por los recursos destinados a la educación superior.
Además, la oposición volvió a solicitar la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, para que responda personalmente las preguntas de los diputados. Sin embargo, Benegas Lynch rechazó el pedido y sostuvo que los representantes de la cartera económica estaban en condiciones de responder las consultas durante las reuniones informativas.
El oficialismo ya definió una hoja de ruta para avanzar con el tratamiento parlamentario del proyecto. Según el cronograma anunciado por Benegas Lynch, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, participará de una reunión informativa, mientras que la comisión prevé nuevas exposiciones de funcionarios y otra instancia de debate el 27 de octubre.
La intención de La Libertad Avanza es firmar el dictamen el 28 de octubre y llevar el proyecto al recinto durante la semana del 20 de noviembre.
Ese calendario podría obligar al Poder Ejecutivo a convocar a sesiones extraordinarias o a prorrogar el período de sesiones ordinarias, que finaliza el 30 de noviembre, para permitir que el Senado complete el tratamiento de la iniciativa.
De esta manera, el Presupuesto 2027 comienza su recorrido legislativo en medio de una fuerte discusión política y económica. Mientras el Gobierno busca avanzar con sus metas fiscales, la oposición exige precisiones sobre las proyecciones macroeconómicas y garantías para el financiamiento de áreas sensibles como Discapacidad y las universidades públicas.
