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El Gobierno británico habilitó el avance del proyecto Sea Lion, que prevé iniciar las primeras perforaciones petroleras en las Islas Malvinas a principios de 2027. La decisión profundiza la disputa diplomática con la Argentina, que recurrió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales destinadas a frenar la explotación de hidrocarburos en la zona.
El Reino Unido autorizó el avance del proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas, una decisión que volvió a tensar las relaciones con la Argentina por la explotación de los recursos naturales en un territorio cuya soberanía permanece en disputa.
La autorización fue adoptada por el secretario británico de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, y confirmada por la compañía israelí Navitas, que participa en el desarrollo del yacimiento junto con la firma británica Rockhopper. Según los planes de las empresas involucradas, las primeras perforaciones comenzarían a principios de 2027.
La decisión se conoció después de que el Gobierno de Javier Milei presentara un reclamo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con el objetivo de impedir que se desarrollen actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte.
El anuncio también llegó tras el vencimiento del plazo establecido por la Argentina para que las autoridades británicas impidieran el inicio o la continuidad de las actividades vinculadas con el proyecto.
De acuerdo con la información difundida por medios británicos, el Ejecutivo del Reino Unido tiene previsto comunicar formalmente al Parlamento la decisión de habilitar el desarrollo petrolero, pese a los cuestionamientos de las autoridades argentinas.
La autorización del proyecto también generó críticas dentro de la política británica, aunque desde una perspectiva diferente de la planteada por la Argentina.
Andrew Bowie, vocero de Energía del opositor Partido Conservador, cuestionó la posición del Gobierno laborista y señaló una contradicción entre permitir la explotación petrolera frente a las Islas Malvinas y mantener restricciones a la actividad hidrocarburífera en otras áreas bajo jurisdicción británica.
El dirigente calificó la postura de Miliband como una “absoluta hipocresía” y cuestionó las diferencias entre las políticas energéticas aplicadas al archipiélago y al Mar del Norte.
“Sí, es una decisión muy positiva, pero plantea la pregunta: ¿por qué el Partido Laborista considera aceptable la extracción de petróleo y gas frente a las Islas Malvinas, pero no en nuestro Mar del Norte?”, expresó Bowie.
De esta manera, el dirigente conservador respaldó el desarrollo de Sea Lion, pero puso en discusión los criterios utilizados por el Gobierno británico para autorizar la explotación de hidrocarburos en distintas regiones.
En septiembre, el Gobierno encabezado por el primer ministro Andy Burnham había anticipado que cualquier nueva licencia para la exploración o explotación de hidrocarburos en las Malvinas debía contar con la aprobación de Miliband. La autorización conocida ahora permite avanzar con los planes de las compañías involucradas, mientras continúa la controversia con la Argentina.
Antes de conocerse la autorización británica, el Gobierno argentino había anunciado una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con el propósito de impedir que se desarrollen actividades petroleras en la zona en disputa.
A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, el Ejecutivo informó que solicitó medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por parte del Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte.
La presentación se realizó después del vencimiento del plazo otorgado por la Argentina a las autoridades británicas para detener las actividades relacionadas con Sea Lion.
Según explicó el Gobierno nacional, el recurso judicial busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas.
La administración de Javier Milei sostiene que las autorizaciones británicas para explotar recursos naturales en el área disputada vulneran los derechos que la Argentina reivindica sobre las islas y los espacios marítimos circundantes.
Por ese motivo, la estrategia oficial apunta a obtener una intervención internacional que permita frenar las operaciones mientras avanza el procedimiento jurídico iniciado contra el Reino Unido.
El Gobierno argentino fundamentó su presentación en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), el instrumento internacional que establece derechos y obligaciones de los Estados en relación con los espacios marítimos.
De acuerdo con la Oficina del Presidente, la presentación se enmarca en el procedimiento arbitral que la Argentina inició el 28 de septiembre, conforme al Anexo VII de la CONVEMAR, para defender su posición sobre la soberanía y los recursos naturales.
El pedido se apoya específicamente en el artículo 290, inciso 5, que contempla la posibilidad de solicitar medidas provisionales mientras se encuentra pendiente la constitución de un tribunal arbitral.
Esta disposición permite solicitar medidas destinadas a preservar los derechos de las partes involucradas en una controversia o prevenir daños graves al medio marino, cuando la urgencia de la situación así lo requiere.
Sin embargo, la presentación argentina no implica que las perforaciones queden automáticamente suspendidas. El tribunal deberá analizar el pedido y determinar si corresponde disponer las medidas solicitadas.
La autorización del proyecto Sea Lion incorpora una nueva dimensión judicial y económica a la histórica disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, reconocida por las Naciones Unidas como una controversia pendiente entre ambos países.
Mientras Londres habilitó el avance de las operaciones petroleras, el Gobierno argentino busca frenar la explotación de los recursos hidrocarburíferos mediante los mecanismos jurídicos internacionales.
Con las primeras perforaciones previstas para principios de 2027, el desarrollo del proyecto dependerá tanto de los planes de las compañías involucradas como de la evolución de la controversia diplomática y de las actuaciones judiciales impulsadas por la Argentina.
