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La Cámara de Diputados comenzará este miércoles 30 de septiembre el tratamiento del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, enviado por el Gobierno nacional el pasado 17 de septiembre y que incorpora distintas medidas vinculadas con la protección de los recursos de las Islas Malvinas, la defensa y la seguridad nacional.
El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto está convocado para las 12 y forma parte de un cronograma que prevé avanzar con el análisis hasta el 6 de octubre, cuando está prevista la firma de los dictámenes.
El oficialismo conduce las tres comisiones, encabezadas por Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán.
La iniciativa plantea endurecer las penas, con condenas de hasta 20 años de prisión, para quienes exploten o cooperen con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes.
También amplía las prohibiciones actualmente contempladas en la Ley 26.659, incorporando cualquier aprovechamiento no autorizado de recursos naturales renovables y no renovables. Además, crea un registro público de infractores y establece restricciones para contratar con quienes sean incorporados.
El proyecto incorpora también el juicio en ausencia para determinados delitos y crea un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios de distintas áreas del Gobierno.
El organismo tendría funciones de coordinación en materia diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas.
Entre las facultades previstas aparecen medidas sobre operaciones financieras, fondos y activos, comercio exterior y contrataciones. La iniciativa también contempla, como último recurso, el derribo de aeronaves y hundimiento de buques considerados hostiles.
El proyecto establece además restricciones a los aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas.
También incorpora nuevos delitos relacionados con la revelación de secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, operaciones clandestinas de inteligencia, interferencia en procesos electorales y campañas coordinadas de desinformación.
Otro punto es la incorporación por ley del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que contempla medidas como la inmovilización de bienes y restricciones a operaciones económicas y financieras.
Desde sectores de la oposición cuestionaron que el proyecto combine las disposiciones vinculadas con Malvinas con modificaciones más amplias en materia de seguridad nacional.
El diputado de Unión por la Patria que expresó los cuestionamientos calificó la iniciativa como un “caballo de Troya” y sostuvo que detrás de la defensa de la soberanía existen medidas que, según su interpretación, modificarían aspectos centrales de la política de seguridad argentina: “Así mueren las democracias en América. Estamos ante un plan continental de contrainsurgencia y terrorismo de Estado comandado por Donald Trump y Marco Rubio, que tiene su expresión en el Consejo de Seguridad Nacional”.
El legislador también cuestionó el RePET y las facultades previstas para el nuevo organismo de seguridad.
Sobre el proyecto en general, afirmó: “Su objetivo es entregarnos al gobierno de Estados Unidos”.
Y sostuvo: “Es decir que no es una ley de defensa de la soberanía: es la ley que convierte el plan continental de Trump y Rubio en legislación interna”.
Estas expresiones corresponden a la posición planteada por el legislador opositor y forman parte del debate político previo al tratamiento en comisiones.
Con la primera reunión prevista para el 30 de septiembre, Diputados comenzará a analizar una iniciativa que combina medidas específicas sobre Malvinas y sus recursos naturales con modificaciones en materia de defensa, seguridad, inteligencia y financiamiento político.
El cronograma parlamentario prevé continuar el debate hasta el 6 de octubre, cuando se buscará avanzar con la firma de los dictámenes.
