Mató a su pareja embarazada, estuvo 22 años prófugo y a 26 años del crimen quedó libre por prescripción

Ramón Ángel Abregú había sido condenado a 20 años por el crimen de Eva Azulina Falcón, ocurrido en Río Grande en 2000. Tras permanecer prófugo durante más de dos décadas, el Superior Tribunal de Justicia declaró prescripta la acción penal y ordenó su libertad.
JUDICIALES25/09/202619640 Noticias19640 Noticias
Ramón Abregu

Ramón Ángel Abregú, condenado por el asesinato a balazos de su pareja Eva Azulina Falcón, quedó en libertad luego de que el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego declarara extinguida por prescripción la acción penal en su contra. La resolución, dictada el 23 de septiembre de 2026, fue adoptada por mayoría y dispuso su sobreseimiento y libertad inmediata.

El caso se remonta a enero de 2000, cuando Falcón, que cursaba un embarazo de siete meses, fue atacada a balazos en Río Grande. Abregú fue condenado posteriormente a 20 años de prisión, pero en febrero de 2001 se fugó y permaneció prófugo durante más de dos décadas.

El 23 de enero de 2000, según los antecedentes del caso aportados, Eva Azulina Falcón fue atacada a balazos por Abregú en Río Grande. La mujer, que estaba embarazada de siete meses, logró llegar hasta la guardia de la clínica CEMEP luego de recibir un primer disparo.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, Abregú la siguió hasta el establecimiento médico y efectuó otros cuatro disparos.

Por entonces, la legislación argentina no contemplaba la figura penal del femicidio, incorporada posteriormente al Código Penal. Abregú fue condenado a 20 años de prisión por homicidio simple en concurso con aborto y tenencia de arma de guerra.

La condena no significó el cumplimiento efectivo de toda la pena. El 15 de febrero de 2001, Abregú se fugó del establecimiento donde permanecía detenido, en una dependencia policial de la Margen Sur, según los antecedentes difundidos sobre el caso.

Durante más de 22 años permaneció prófugo, hasta que volvió a presentarse ante la Justicia en octubre de 2023.

A partir de su reaparición, se reactivaron distintas actuaciones vinculadas tanto con la condena original como con su evasión. La discusión judicial terminó concentrándose en los plazos de prescripción de la acción penal y en si existían actos procesales con capacidad para interrumpir ese plazo.

Uno de los argumentos analizados durante el proceso estuvo relacionado con la causa por la evasión. Inicialmente se sostuvo que la situación vinculada a la fuga podía tener efectos sobre el cómputo de la prescripción.

Sin embargo, esa interpretación fue posteriormente cuestionada en el marco de los recursos presentados por la Defensoría Oficial. La causa por la evasión terminó con el sobreseimiento de Abregú y la discusión llegó al Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego.

Finalmente, el máximo tribunal provincial resolvió que no existieron durante el período analizado actos con capacidad legal para interrumpir el plazo de prescripción.

En una resolución dictada el 23 de septiembre de 2026, el Superior Tribunal de Justicia declaró, por mayoría, extinguida por prescripción la acción penal contra Abregú. La decisión implicó su sobreseimiento y libertad inmediata.

De esta manera, el hombre, actualmente de 74 años, recuperó la libertad luego de haber permanecido detenido modifica los antecedentes históricos del caso ni la condena dictada en el año tras su reaparición y de haber cumplido una parte de la condena original.

La resolución no modifica los antecedentes históricos del caso ni la condena dictada en el año 2000: lo que determinó el tribunal fue la extinción de la acción penal por prescripción, conforme a los plazos y reglas jurídicas considerados en el fallo.

Otro aspecto que atravesó la causa fue la situación de los hijos de Abregú y de Eva Falcón, quienes eran menores de edad cuando ocurrió el crimen. Tras la reaparición del condenado después de más de dos décadas, los familiares recurrieron a la Justicia y solicitaron medidas de protección y una prohibición de acercamiento hacia ellos y sus familias.

La resolución del Superior Tribunal pone así un nuevo capítulo a un caso que comenzó en Río Grande hace más de 26 años y que atravesó una condena, una fuga de más de dos décadas y una extensa discusión judicial sobre la prescripción de la acción penal.

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