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Ante las publicaciones periodísticas difundidas en las últimas horas, en las que se atribuyen al secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Tierra del Fuego), Carlos Córdoba, hechos vinculados a una supuesta situación de violencia económica y una presunta relación sentimental, desde la organización sindical difundieron un comunicado para realizar una aclaración.
En el documento, ATE señaló que Carlos Córdoba “niega y desmiente categóricamente haber mantenido con dicha persona una relación sentimental, afectiva, de pareja, convivencial o de cualquier otra naturaleza como la que se afirma públicamente”.
Asimismo, el dirigente “niega categóricamente haber ejercido sobre ella cualquier forma de violencia, amenaza, hostigamiento o conducta destinada a afectar su fuente laboral”, según expresa el comunicado.
En ese mismo sentido, Córdoba también niega, de acuerdo con ATE, “haber intervenido, dispuesto o promovido su desvinculación de la Municipalidad de Ushuaia”.
Desde la organización sindical hicieron referencia además a la existencia de actuaciones desarrolladas ante organismos administrativos y judiciales, en el marco de una situación de carácter proteccional.
Al respecto, ATE sostuvo que “la existencia de actuaciones desarrolladas oportunamente ante organismos administrativos y judiciales, en el marco de una situación de carácter proteccional, no autoriza a presentar como hechos acreditados circunstancias que no han sido judicialmente establecidas”.
La organización también remarcó que esas actuaciones, según su postura, “no permiten afirmar la existencia de una relación sentimental o de pareja entre las personas involucradas”.
En el comunicado, ATE manifestó que respeta el derecho de toda persona a realizar las presentaciones que considere correspondientes ante las autoridades. Al mismo tiempo, sostuvo que “toda persona denunciada tiene derecho a conocer concretamente los hechos que se le atribuyen, ejercer su derecho de defensa y obtener una decisión fundada de la autoridad correspondiente”.
Uno de los puntos centrales planteados por el sindicato es la necesidad de diferenciar las distintas instancias de un proceso. En ese sentido, ATE consideró “especialmente necesario distinguir entre una denuncia, una investigación y una decisión judicial que determine la existencia de un hecho y la eventual responsabilidad de una persona”.
A partir de esa postura, la organización solicitó a los medios de comunicación y a quienes reproduzcan la información que “respeten esa distinción y eviten presentar como hechos comprobados aquellas circunstancias que constituyen afirmaciones de parte y que, en todo caso, deberán ser objeto de la correspondiente investigación”.
ATE también aclaró que “no pretende interferir en ninguna actuación judicial o administrativa ni cuestionar el derecho de ninguna persona a recurrir a las autoridades”.
Sin embargo, sostuvo que tampoco permanecerá indiferente ante la difusión de afirmaciones que, según planteó, “puedan afectar injustificadamente el honor, la dignidad, la reputación personal, laboral y sindical” de su secretario general.
Finalmente, la organización informó que “las cuestiones jurídicas correspondientes serán canalizadas por las vías institucionales y legales pertinentes”.
