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El exministro de Defensa y actual diputado nacional de Unión por la Patria, Agustín Rossi, cuestionó el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por el Gobierno de Javier Milei. El legislador lo definió como una “ley ómnibus” y sostuvo que, bajo la iniciativa destinada a sancionar a empresas que operen ilegalmente en las Islas Malvinas, se busca introducir modificaciones al sistema de Seguridad Nacional.
“Veo una trampa clara”, afirmó Rossi al referirse a la iniciativa. Según planteó, el proyecto incorpora diferentes cuestiones en un mismo texto y podría condicionar el tratamiento y la votación de sus distintos apartados.
Uno de los principales puntos señalados por el diputado es la incorporación del Consejo de Seguridad Nacional dentro del proyecto. Rossi sostuvo que esta modificación se introduce en el marco de las sanciones previstas para empresas que desarrollen actividades económicas con autorización en las Islas Malvinas.
El exfuncionario consideró que, de esta manera, se pretende modificar el sistema de Seguridad Nacional por vías indirectas y cuestionó la referencia a modelos de seguridad adoptados en otros países.
En particular, sostuvo que el esquema impulsado por el Gobierno toma como referencia a Estados Unidos, una estructura que, según su interpretación, no se corresponde con la realidad geopolítica argentina.
Rossi también objetó el artículo que contempla la intervención de las Fuerzas Armadas ante situaciones consideradas “no convencionales”. De acuerdo con su planteo, esa posibilidad podría entrar en tensión con las disposiciones vigentes de la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa Nacional.
“Si desean modificar el sistema de Defensa, deberían enviar una ley especial”, sostuvo el legislador.
En ese sentido, recordó además la existencia del Consejo de Defensa Nacional (CODENA) como ámbito previsto para situaciones de emergencia.
Otro de los aspectos cuestionados por Rossi fue la reincorporación de la denominada Ley de Derribos. El diputado rechazó esta herramienta y la caracterizó como una medida que, según su interpretación, podría implicar una “pena de muerte sin juicio previo”.
Su planteo se suma a las objeciones que formuló sobre el alcance de las facultades otorgadas a las fuerzas de seguridad y militares dentro del proyecto.
Rossi también puso el foco en la creación por ley de un Registro de Terrorismo. Según explicó, el Gobierno ya contaba con una herramienta de este tipo y ahora buscaría incorporarla formalmente al nuevo marco legal.
El legislador manifestó reparos respecto de la designación de organizaciones y actos como terroristas, y advirtió sobre lo que considera un posible uso discrecional de esa clasificación.
Otro de los puntos que generó críticas fue el artículo referido a la libertad de prensa. Rossi sostuvo que el proyecto contempla sanciones para quienes desarrollen una supuesta “campaña de desprestigio contra la Nación argentina” o una campaña contra el Gobierno, y cuestionó la falta de mayores precisiones en la redacción.
Según el diputado, esa disposición podría afectar el ejercicio de la libertad de prensa.
Finalmente, Rossi cuestionó la inclusión de una disposición que, según afirmó, afectaría al consultor español Antoni Gutiérrez Rubí, quien asesoró al peronismo durante las últimas elecciones.
El legislador consideró que incorporar una referencia vinculada con una persona determinada dentro de una iniciativa de Defensa de la Soberanía Nacional resulta llamativo.
“La jerarquización de los temas en este proyecto es sumamente extraña”, concluyó Rossi.
