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La Armada Argentina apartó a nueve militares luego de que una investigación interna detectara presuntas irregularidades en la acreditación de haberes y liquidación de viáticos. El caso derivó en una denuncia penal y alcanza, según la información difundida, a 23 personas.
La maniobra investigada habría generado un perjuicio económico de cerca de $1.600 millones, aunque la propia fuerza naval señaló que las irregularidades detectadas en la acreditación de haberes entre julio de 2022 y enero de 2026 representarían aproximadamente $938 millones.
El jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, dispuso el apartamiento de ocho capitanes de corbeta y un suboficial, quienes quedaron sujetos a las actuaciones correspondientes y a la aplicación del Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas.
La medida fue comunicada oficialmente por la Armada el jueves. Según informó la institución, el apartamiento se mantendrá hasta que se determine la eventual responsabilidad disciplinaria de los militares involucrados.
De acuerdo con la investigación, las irregularidades habrían consistido en la adulteración de recibos de haberes y en la incorporación de gastos presuntamente falsos en viáticos, incluidos aquellos correspondientes a personal que realizaba viajes al exterior.
La investigación se habría iniciado a partir de un procedimiento interno de la propia Armada, que detectó inconsistencias en la acreditación de haberes durante el período comprendido entre julio de 2022 y enero de 2026.
Entre los militares apartados se encuentra el capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, jefe del Departamento Revista de la Armada. Según información publicada por La Nación, su esposa, María del Carmen Prieto, figura entre las personas que habrían recibido pagos indebidos. De acuerdo con esos datos, habría percibido $152,2 millones mediante 46 acreditaciones en una cuenta bancaria.
La denuncia penal fue presentada ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 e incluye además a tres personas que no tendrían relación con la fuerza naval. Según los datos difundidos, Andrés Santana habría recibido $99,4 millones; Amalia Cristina Díaz, $91,9 millones; y Natalia Carolina Yahia, $90,4 millones.
La causa busca determinar cómo se produjeron las presuntas irregularidades, quiénes participaron y cuál fue el perjuicio económico efectivo. El hecho se encuentra bajo investigación judicial y administrativa, por lo que la eventual responsabilidad de las personas mencionadas deberá ser establecida por las autoridades competentes.
En su comunicado, la Armada Argentina reafirmó su postura de “tolerancia cero” frente a situaciones de fraude, corrupción, irregularidades o conductas contrarias a la ética y sostuvo que este tipo de hechos pueden afectar el prestigio y los valores de la institución.
