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El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, calificó como “sumamente positiva” la resolución de la Justicia Federal de Río Grande vinculada con la acción preventiva impulsada en relación con la explotación de recursos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas. En diálogo con FM Radio del Pueblo, el funcionario sostuvo que se trata de un avance judicial importante, aunque remarcó que deberá ser acompañado por nuevas acciones y por una política de Estado sostenida sobre la cuestión de la soberanía.
En diálogo con FM Radio del Pueblo, el funcionario destacó el alcance de la decisión judicial y consideró que representa un antecedente relevante para la defensa de la soberanía argentina y los recursos naturales: “Sumamente positiva. Es muy bueno, sobre todo la seriedad que se da este recurso, un muy buen elemento que va con esta lógica”, sostuvo Dachary.
El funcionario explicó que la situación de Malvinas tiene consecuencias que exceden la cuestión territorial y alcanzan a los recursos naturales de la zona: “Obviamente el problema que enfrenta la provincia y todo el país es la ocupación de Malvinas y su ocupación tiene causas y tiene consecuencias. Dentro de esas consecuencias están afectados nuestros recursos naturales”, afirmó.
Dachary señaló que la cuestión ambiental constituye uno de los aspectos que deben cumplirse para avanzar con una actividad hidrocarburífera, aunque aclaró que existen otros requisitos y autorizaciones que también deben ser considerados: “Hay que entender que también esto es normalmente lo que se conoce como una condición necesaria, pero una condición suficiente”, explicó.
En ese sentido, remarcó que el fallo representa un avance, pero que deberá complementarse con otras acciones: “Si se subsanara esta cuestión ambiental, igual hay otras cuestiones de autorizaciones que no están emitidas, con lo cual esto se debería complementar con las acciones”, sostuvo.
Para el secretario de Malvinas, la resolución constituye además un antecedente relevante desde el punto de vista judicial: “Pero, por supuesto que es un gran paso, un muy buen antecedente también desde lo judicial”, destacó.
Uno de los puntos centrales planteados por Dachary fue la intervención que deberá tener la Cancillería argentina a partir de la resolución.
Ante la consulta sobre las notificaciones a las empresas involucradas, sostuvo que la participación del organismo nacional forma parte del procedimiento: “Acá la intervención de la Cancillería es mandatoria, es decir, no es voluntaria, porque justamente tiene que cumplir parte de un proceso judicial”, afirmó.
Dachary explicó que la resolución será remitida a Cancillería y que posteriormente deberán intervenir los tribunales correspondientes según los domicilios legales de las empresas: “Ahora esta resolución de la Justicia va a ser remitida a la Cancillería con los jueces pertinentes, los jueces originarios respecto de donde estas empresas tengan establecido su domicilio legal”, detalló.
En ese marco, mencionó a las compañías involucradas y sus respectivas jurisdicciones: “Para el caso de Rockhopper va a ser el Reino Unido, para el caso de Navitas va a ser en Israel”, indicó.
El funcionario consideró que esta instancia permitirá avanzar con las actuaciones derivadas de la resolución y poner en discusión la cuestión de la soberanía sobre Malvinas.
Dachary sostuvo que la medida judicial no debería quedar como una acción aislada, sino que tendría que formar parte de una estrategia más amplia: “Ahora, bueno, tiene la Cancillería Nacional que tomar cartas en el asunto para todo lo que son las notificaciones y demás y la continuidad de esta resolución inicial”, señaló.
En esa línea, planteó la necesidad de que las acciones vinculadas con Malvinas sean sostenidas en el tiempo: “Es un gran avance de lo judicial, pero tiene que ser apuntalado con una verdadera política de Estado”, afirmó.
Para el funcionario, el escenario actual también permitió que la cuestión Malvinas adquiriera una mayor presencia en la agenda nacional: “Nunca o hace muchísimo tiempo que Malvinas no tenía la centralidad que este tema está teniendo”, sostuvo.
Durante la entrevista, Dachary vinculó el fallo con una discusión más amplia sobre la explotación de recursos naturales, la soberanía y las empresas que prestan servicios relacionados con las actividades desarrolladas en las Islas.
Al referirse a Starlink y otras compañías, planteó la necesidad de analizar el conjunto de actores que participan de esas actividades: “Entonces vos, si querés cortar verdaderamente con esa situación, bueno, vas a tener que decidir, ¿trabajás en Malvinas o trabajás en el resto de la Argentina?”, cuestionó.
En ese contexto, también mencionó la posibilidad de revisar normas vinculadas con las inversiones extranjeras y empresas de origen británico: “Lo que estamos diciendo es, ok, pasó lo que pasó, inclusive si esto lo ves vos en clave de utilización política, pero vas a trabajar Malvinas en serio, bienvenido sea. Lo que hay que hacer es este camino”, expresó.
Para Dachary, el fallo debe ser acompañado por una política integral que incluya las distintas dimensiones de la cuestión Malvinas: “La soberanía es integral”, sostuvo.
El funcionario consideró que el debate actual puede abrir una oportunidad para avanzar con medidas concretas y evitar que la cuestión quede limitada a declaraciones: “Y lo que estamos planteando es, bueno, o que querés trabajar en serio, estas son las cosas que vos tenés que hacer para que no sea netamente una cuestión retórica, en un plano nacional y también en el ámbito internacional, empezar a hacer otras cosas”, manifestó.
En ese sentido, planteó que la discusión sobre Malvinas debe mantenerse como una política sostenida y vinculada con la defensa de la soberanía y la integridad territorial: “Si tu objetivo máximo va a ser la recuperación de la integridad territorial, cualquier otra cosa debería estar debajo de eso. Y ser funcional justamente para cumplir con esto”, concluyó.
