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Tras la entrada en vigencia del Régimen Penal Juvenil, el Dr. Jorge Hernández mantuvo un diálogo con Radio Provincia, donde realizó un crítico análisis sobre los alcances de la nueva normativa y las condiciones existentes para su aplicación. En ese marco, planteó interrogantes sobre la infraestructura disponible, la preparación del sistema judicial y la necesidad de que la sociedad conozca las nuevas responsabilidades penales para los adolescentes de entre 14 y 18 años.
En primer lugar, el abogado Jorge Hernández remarcó que la normativa alcanza a todos los menores comprendidos en ese rango etario y sostuvo que el debate no debe limitarse al ámbito judicial, sino que también debe trasladarse a las familias y a las escuelas: “Yo creo que en un año o dos vamos a estar hablando realmente de una persecución penal contra niños entre 14 y 18 años. Hoy las cuestiones que conocíamos como macanas, una amenaza entre adolescentes, una pelea donde hay lesiones, todas esas cuestiones que parecían menores y que quedaban en nada, hoy son punibles”, explicó.
En ese sentido, advirtió sobre una de las principales dificultades para aplicar la normativa es la falta de infraestructura: “No hay una en el país, estamos hablando de una cárcel que estaba levantada con Durlock o que necesitaban levantar a Durlock, de lo cual no se habló más. Que no se terminó y tenemos que pensar en hacer un lugar de detención para adolescentes todavía, una cuestión imposible. Lo que está planteando la ley es inviable”, sostuvo.
El abogado también señaló que la normativa establece que los adolescentes detenidos no pueden tener contacto con adultos y que deben existir espacios especializados: “¿Decime dónde va a ser? tiene que haber un lugar especializado,”, cuestionó.
Al mismo tiempo, remarcó que el espíritu de la legislación apunta a la rehabilitación y a la resolución de conflictos mediante mecanismos como la reparación, los acuerdos, los pedidos de disculpas y la indemnización a las víctimas.
Hernández también puso el foco en la falta de preparación institucional: “No hay un juez especializado en esto tampoco, cada funcionario se va a actualizar y se va a poner al día, pero la ley exige, según la letra de la ley, una infraestructura y una disposición que es distinta a la que veo”, afirmó.
Finalmente, insistió en la necesidad de difundir la normativa y generar un debate social y familiar: “¿Cómo la difundimos y cómo la implementamos? Ya está votada, ya está vigente, está activa”, planteó. Además, destacó que la responsabilidad no alcanza únicamente al adolescente, ya que: “En la parte económica de cada delito que comete responde el papá y mamá”.
