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Una nueva controversia vinculada con las Islas Malvinas y la política energética nacional quedó planteada luego de una denuncia presentada contra Harbour Energy, compañía británica que participa con el 15% en Southern Energy, un proyecto autorizado por el Gobierno para desarrollar actividades vinculadas con la producción y exportación de gas desde Río Negro.
El planteo fue realizado por el diputado nacional Maximiliano Ferraro, quien cuestionó que una empresa con antecedentes de operaciones hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina y vinculada con actividades en las cercanías de las Malvinas forme parte de una iniciativa alcanzada por los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Según la presentación realizada por Ferraro, Harbour Energy posee el 15% de Southern Energy, iniciativa que fue aprobada por el Gobierno nacional mediante la Resolución 559/2025. El proyecto contempla actividades vinculadas con la producción y exportación de gas desde Río Negro y forma parte de las inversiones consideradas estratégicas dentro del esquema energético impulsado por la administración nacional.
El diputado puso bajo análisis la participación de Harbour Energy debido a los antecedentes de la compañía en relación con la exploración de hidrocarburos en la zona de las Islas Malvinas.
Uno de los puntos centrales de la denuncia es la relación societaria entre Harbour Energy y Premier Oil PLC. Ferraro sostiene que Harbour Energy es la misma persona jurídica que anteriormente operaba bajo la denominación Premier Oil, nombre que fue modificado en 2021.
El antecedente adquiere relevancia porque, de acuerdo con la presentación, Premier Oil había sido inhabilitada en 2013 mediante una resolución basada en la Ley 26.659.
La normativa establece restricciones para empresas que desarrollen actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado nacional.
La sanción mencionada en la denuncia estuvo relacionada con actividades de exploración hidrocarburífera en las cercanías de las Islas Malvinas. El antecedente es utilizado ahora para cuestionar la participación de Harbour Energy en un proyecto que recibió la aprobación del Gobierno dentro del RIGI, régimen que establece un esquema de beneficios para grandes inversiones.
El planteo busca determinar si existen incompatibilidades entre esos antecedentes y la posibilidad de que la empresa participe de proyectos alcanzados por los beneficios previstos por el régimen.
La denuncia se conoció en un contexto en el que el Gobierno nacional anunció una nueva ofensiva contra empresas y personas vinculadas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
La cuestión de los recursos naturales de la plataforma continental constituye uno de los principales ejes de la disputa de soberanía argentina sobre las islas.
En ese marco, la participación de una empresa con antecedentes relacionados con operaciones hidrocarburíferas en la zona volvió a generar cuestionamientos políticos.
Más allá de la controversia vinculada con Harbour Energy, el proyecto de Southern Energy contempla una operación de gran escala para el sector energético argentino. La iniciativa prevé el desarrollo de infraestructura destinada a la producción y exportación de gas, con un importante despliegue logístico en el sur del país.
Dentro de ese esquema está prevista la llegada periódica de buques encargados de trasladar alrededor de 3.500 tubos, que serán utilizados para la instalación de cañerías necesarias para el desarrollo de la infraestructura.
La denuncia plantea así un interrogante que combina aspectos energéticos, jurídicos y de política exterior. Por un lado, el Gobierno impulsa proyectos de inversión y exportación de gas mediante herramientas como el RIGI. Por otro, aparece el antecedente de una empresa que, según la denuncia, mantiene una vinculación jurídica con una compañía que fue sancionada por actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina.
Mientras continúa el desarrollo del proyecto energético, la cuestión judicial permanece pendiente de resolución.
El caso vuelve a poner en discusión los controles aplicados a las empresas que participan de inversiones estratégicas en Argentina y, particularmente, la situación de aquellas compañías que cuentan con antecedentes vinculados con la exploración de hidrocarburos en el área de las Islas Malvinas.
