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El legislador Matías Lapadula del bloque Provincia Grande, presentó el proyecto de "Régimen Provincial de Protección de los Recursos Naturales y Cooperación Federal en el marco de la Cuestión Malvinas", luego de detectar buques y consorcios operando en jurisdicción fueguina vinculados a empresas con antecedentes de explotación ilegal de hidrocarburos en Malvinas.
Hay barcos que hoy se llevan riquezas que son de todos los fueguinos. Lo hacen sin autorización argentina, sin dejar nada a cambio, y en varios casos vinculados —directa o indirectamente— a empresas que ya tienen antecedentes de explotar ilegalmente los recursos de las Islas Malvinas. Frente a esa situación, Lapadula presentó esta iniciativa para que la Provincia tenga herramientas propias para defender lo que le pertenece.
"Lo que está en juego no es un tecnicismo administrativo: es lo que nos pertenece a los fueguinos. No podemos mirar para el costado mientras se llevan lo que es nuestro", sostuvo Lapadula.
Desde 2011, el país cuenta con un régimen nacional específico para estos casos —la Ley 26.659 y su modificatoria, la Ley 26.915, que llegó a prever penas de hasta quince años de prisión—. Pero ese régimen no le daba a la Provincia herramientas propias: hoy Tierra del Fuego puede contratar, sin saberlo, a las mismas empresas vinculadas a esas actividades no autorizadas. Ese es el vacío que este proyecto viene a cerrar.
Registro provincial de sujetos vinculados a actividades no autorizadas El proyecto crea el 'Registro provincial de sujetos vinculados a actividades no autorizadas': mientras una empresa o persona esté incluida en él, no podrá contratar con el Estado provincial, obtener concesiones o permisos para explotar recursos, ni acceder a subsidios o beneficios provinciales.
Además, quien explote sin autorización argentina recursos naturales de dominio provincial, deberá restituirle el valor económico de lo aprovechado. Esa deuda la determinará y podrá ejecutarla la Agencia de Recaudación Fueguina, con las mismas herramientas que usa para cobrarle a cualquier empresa: liquidación, embargos y medidas cautelares.
"No puede ser que ganen dinero explotando ilegalmente lo que es nuestro y, al mismo tiempo, reciban contratos o beneficios del mismo Estado al que le está faltando el respeto", afirmó el legislador.
El proyecto se apoya, además, en el derecho internacional que la Argentina invoca históricamente en este reclamo: las Naciones Unidas reconocen que sobre las Islas Malvinas existe una disputa de soberanía pendiente, y piden a la Argentina y al Reino Unido no tomar decisiones unilaterales sobre la situación mientras esa disputa no se resuelva. "Hay empresas que se llevan nuestros recursos a sabiendas de que existe un reclamo de soberanía vigente y una resolución de Naciones Unidas que pide exactamente lo contrario de lo que están haciendo. Eso no puede quedar sin consecuencias", sostuvo Lapadula.
El proyecto aclara expresamente que la Provincia no asume ni pretende asumir un rol de parte en la disputa de soberanía —que sigue siendo, como reconocen las propias Naciones Unidas, un asunto bilateral entre la Argentina y el Reino Unido— y que actúa únicamente dentro de sus propias competencias: sus contrataciones, su patrimonio y sus recursos naturales.
La iniciativa también instruye al Poder Ejecutivo provincial a reclamarle periódicamente a Nación la plena aplicación de las leyes 26.659 y 26.915, y llama a los senadores y diputados nacionales por Tierra del Fuego a impulsar en el Congreso mecanismos equivalentes a los que ahora tendrá la Provincia. "El país tiene que dar un paso más. Y desde Tierra del Fuego podemos marcar el camino en el ámbito de nuestras competencias, coordinando con la Cancillería lo que le corresponde a la Nación", sostuvo Lapadula.
"Defender la soberanía no es una palabra que se dice una vez al año: es tener las herramientas para actuar cuando alguien se aprovecha de lo nuestro. De eso se trata este proyecto — que Tierra del Fuego tenga con qué defenderse, y no solo con qué lamentarse", concluyó Lapadula.
