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El oficialismo consiguió este miércoles una doble victoria legislativa en la Cámara de Diputados, al aprobar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva Ley de Inocencia Fiscal. Ambos proyectos, impulsados por el Gobierno de Javier Milei, obtuvieron el respaldo de sectores aliados y ahora deberán ser tratados por el Senado.
El oficialismo consiguió una doble victoria en la Cámara de Diputados con la aprobación de dos iniciativas centrales de su agenda económica: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva Ley de Inocencia Fiscal. Ambos proyectos obtuvieron media sanción y serán girados al Senado.
La reforma del Banco Central fue aprobada por 144 votos a favor, 102 en contra y nueve abstenciones. El proyecto establece como mandato principal de la entidad la preservación del valor de la moneda y busca limitar las herramientas mediante las cuales el organismo puede financiar al Estado.
Uno de los cambios centrales es la prohibición de los adelantos transitorios al Tesoro, mientras que también se impide que el Banco Central otorgue préstamos al Gobierno nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La iniciativa también prohíbe la compra de títulos del Estado nacional en el mercado primario y limita la transferencia de utilidades al Tesoro a aquellas ganancias que sean consideradas reales, evitando computar como resultados las diferencias vinculadas con el valor del tipo de cambio o las reservas.
Otro de los puntos aprobados apunta a modificar las funciones del directorio del organismo. La reforma elimina objetivos vinculados con la orientación del crédito hacia determinados sectores y las políticas crediticias diferenciadas, al considerar que esas funciones exceden la tarea de una autoridad monetaria.
El proyecto también busca fortalecer la independencia del Banco Central mediante mayores requisitos para remover a su presidente y a sus directores. Para avanzar con esas remociones se establece la necesidad de reunir una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso.
Durante el debate, el oficialismo defendió la reforma como una herramienta para terminar con la emisión monetaria destinada a financiar al Estado. El presidente de la Comisión de Finanzas, Santiago Pauli, sostuvo que se busca que el Banco Central "no sea saqueado, no se convierta en una herramienta de hacer política" y planteó la necesidad de recuperar un peso fuerte.
Desde la oposición, en cambio, cuestionaron el nivel de independencia que tendrá la entidad y el impacto de limitar sus herramientas. Miguel Ángel Pichetto sostuvo que "antes que la economía, está la política" y consideró que el Banco Central debe responder al interés general y al rumbo definido por el Poder Ejecutivo.
En paralelo, Diputados aprobó la nueva Ley de Inocencia Fiscal, con 139 votos afirmativos, 110 negativos y dos abstenciones. La iniciativa modifica la Ley 27.799 y amplía considerablemente el alcance del Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias.
Uno de los principales cambios consiste en permitir que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por este régimen, sin límites de ingresos ni patrimonio. Hasta ahora, la adhesión estaba restringida a contribuyentes con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.
La reforma también extiende hasta el 31 de diciembre de 2027 el plazo para acceder a los beneficios del régimen simplificado.
Al mismo tiempo, se mantienen las facultades de ARCA para fiscalizar a los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria. En este punto, la iniciativa redefine el concepto de "discrepancia significativa", que habilita al organismo a impugnar una declaración jurada simplificada y revisar las declaraciones de Ganancias.
La nueva definición establece que existirá una discrepancia significativa cuando la impugnación genere un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos el 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.
Otro requisito aprobado establece que quienes adhieran al régimen deberán realizar sus operaciones a través del sistema financiero formal, utilizando medios autorizados por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores.
El proyecto también incorpora un beneficio para las pequeñas y medianas empresas, ya que reduce en un 25% las multas correspondientes a infracciones formales.
La discusión por la Ley de Inocencia Fiscal generó fuertes cruces entre oficialismo y oposición. Juan Grabois rechazó la iniciativa y sostuvo que "convierte en culpables a los inocentes e inocentes a los culpables", mientras que Martín Lousteau advirtió sobre una posible reducción de las capacidades de ARCA para detectar evasión.
Desde La Libertad Avanza, Nicolás Mayoraz defendió la reforma y cuestionó que se considere delincuentes a quienes mantienen ahorros legítimos fuera del sistema. Además, sostuvo que la nueva normativa permitirá impulsar el crédito y la actividad económica.
De esta manera, el Gobierno consiguió en una misma jornada dos importantes avances legislativos en materia económica. La reforma del Banco Central apunta a restringir la emisión y el financiamiento del Estado, mientras que la Ley de Inocencia Fiscal amplía el régimen simplificado de Ganancias, modifica los mecanismos de fiscalización y establece beneficios para las PyMEs.
Con ambas iniciativas aprobadas en Diputados, el oficialismo deberá ahora buscar los votos necesarios en el Senado para convertirlas definitivamente en ley.
