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El ex presidente Alberto Fernández y la ex primera dama Fabiola Yáñez fueron denunciados penalmente luego de que trascendieran nuevos señalamientos sobre supuestas celebraciones realizadas a bordo del Tango 01 durante las restricciones implementadas por la pandemia de Covid-19. La presentación judicial fue realizada por el abogado Ignacio Barrios, luego de una investigación periodística difundida por Luis Gasulla.
La denuncia apunta a determinar si el avión presidencial y otros recursos del Estado fueron utilizados para organizar o sostener encuentros de carácter privado durante julio y agosto de 2020, cuando regían fuertes restricciones a la circulación y a las reuniones.
De acuerdo con la presentación judicial, uno de los episodios habría ocurrido el 14 de julio de 2020, el mismo día en que tuvo lugar la conocida celebración en la Quinta de Olivos que posteriormente generó una fuerte controversia política y judicial.
Según lo difundido por el periodista Luis Gasulla, Fabiola Yáñez habría utilizado durante esa jornada el Tango 01, que permanecía estacionado en instalaciones de El Palomar, para realizar una celebración privada.
La denuncia sostiene que los preparativos del supuesto evento se habrían extendido durante tres días e incluido diferentes tareas y recursos vinculados con la aeronave.
Entre los elementos mencionados figuran el traslado o provisión de una escalera, la conexión de un grupo electrógeno o equipo de potencia terrestre, la energización de la cabina y el uso de heladeras. También se mencionan servicios vinculados con catering, torta, sushi o salmón, bebidas alcohólicas y música, además de la participación de personal de aviación.
La presentación fue realizada “contra quienes resulten responsables” y busca determinar si funcionarios públicos o particulares realizaron aportes deliberados para concretar los encuentros y si existió utilización de bienes, servicios o fondos de la Administración Pública Nacional.
Entre los principales señalados aparecen Fabiola Yáñez, Alberto Fernández y Leonardo Barone, quien fue piloto del ex mandatario y posteriormente se desempeñó como director de Logística de la Secretaría General de la Presidencia.
Según la denuncia, si bien Alberto Fernández no habría participado personalmente del evento, podría haber tenido algún tipo de intervención vinculada con la autorización para utilizar el Tango 01 y con la organización de la actividad.
La presentación también plantea que parte de los gastos vinculados con el supuesto encuentro habría sido afrontada mediante fondos de la Secretaría General de la Presidencia, específicamente a través de una caja chica.
El expediente también incorpora un segundo episodio. Según la información difundida, el 10 de agosto de 2020 habría tenido lugar otro encuentro a bordo del avión presidencial, nuevamente con el Tango 01 estacionado en El Palomar.
En este caso, la presentación sostiene que habrían participado amigos de Fabiola Yáñez, aunque hasta el momento no se conocieron mayores detalles sobre quiénes estuvieron presentes ni sobre las características de la reunión.
Uno de los puntos que podría resultar determinante para la investigación judicial será la verificación de las pruebas mencionadas públicamente. Gasulla aseguró que existen fotografías y videos que respaldarían los hechos denunciados.
Sin embargo, el propio escrito presentado ante la Justicia introduce una salvedad respecto de ese material. La denuncia señala que esos archivos no fueron difundidos junto con sus soportes nativos, metadatos, procedencia ni cadena de custodia, por lo que plantea la necesidad de realizar pericias y obtener documentación oficial que permita confirmar su autenticidad y origen.
Por ese motivo, el abogado Ignacio Barrios solicitó que los hechos sean investigados mediante documentación estatal, registros técnicos y testimonios, además de pericias independientes.
El objetivo de la presentación, según explicó el letrado, es determinar si los episodios efectivamente ocurrieron, quiénes participaron en la organización, qué órdenes fueron impartidas y si se utilizaron recursos públicos para actividades privadas.
La denuncia busca establecer además si los funcionarios involucrados conocían la finalidad de los recursos utilizados y cuál habría sido la intervención individual de cada una de las personas señaladas.
El caso vuelve a poner bajo la lupa el uso de bienes y recursos estatales durante la pandemia, un período en el que el Gobierno nacional había establecido restricciones particularmente estrictas para limitar la circulación y las reuniones sociales.
Ahora será la Justicia la que deberá determinar si los hechos denunciados tienen sustento, reconstruir la eventual cadena de autorizaciones y establecer si existieron responsabilidades penales o administrativas.
Por el momento, la presentación constituye una denuncia que deberá ser investigada y corroborada judicialmente, mientras los elementos difundidos públicamente deberán ser contrastados con registros oficiales, testimonios y pericias para determinar qué ocurrió efectivamente a bordo del Tango 01 durante 2020.
