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En diálogo con Radio Provincia, el secretario de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Matías Taborda, explicó los motivos del nuevo paro judicial de 36 horas que se llevará adelante en Tierra del Fuego y cuestionó la pérdida salarial acumulada por los trabajadores. La medida comenzará este jueves 13 de agosto a las 11 horas, cuando los trabajadores se retirarán de sus puestos, y continuará durante toda la jornada del viernes 14. El dirigente sindical no descartó nuevas acciones de protesta si no se alcanza un acuerdo.
Taborda aclaró que: “Se trata de una medida de 36 horas, donde hoy todo el personal va a asistir a su puesto de trabajo y a las 11 horas se retira, y el día viernes el paro es toda la jornada”. Según explicó, el conflicto salarial lleva tiempo y, aunque existen otros reclamos vinculados con el funcionamiento del Poder Judicial, actualmente la recomposición de los ingresos constituye el eje central.
“Tenemos una pérdida sostenida del salario, que nosotros ya hemos calculado desde el año 2023, 2024, un 30%, y en lo que va de este año ya supera el 5%”, señaló Taborda. Al mismo tiempo, cuestionó los índices oficiales al sostener que “hablamos de los índices de inflación del Gobierno, los cuales tampoco nosotros consideramos reales”.
Uno de los principales pedidos del gremio apunta al Superior Tribunal de Justicia. Taborda reclamó que sus cinco integrantes actúen de manera conjunta y asuman un papel más firme en la defensa de la independencia judicial y de los trabajadores.
“Nuestro reclamo hoy en día se basa en que estamos solicitando a todos los integrantes del Superior Tribunal, a los cinco ministros, que los cinco en conjunto lleven adelante la defensa de la independencia del Poder Judicial y del salario de todos los trabajadores”, sostuvo.
El dirigente reconoció que actualmente la Justicia funciona con un presupuesto reconducido, situación que limita las posibilidades de acción en materia salarial y mantiene una fuerte dependencia de las decisiones del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, consideró que el máximo tribunal debe asumir una posición más firme porque: “Consideramos que las negociaciones están un poco truncas y consideramos que tienen que estar los cinco ministros en la defensa de lo que es la independencia del Poder Judicial y, lógicamente, en defensa de todos los trabajadores”.
Taborda aclaró que el diálogo con las autoridades judiciales continúa: “Nosotros el diálogo siempre lo tenemos. Lógicamente, la Presidencia siempre está abierta al diálogo, como así también lo que son los secretarios de Superintendencia, que son quienes llevan adelante la negociación”, explicó.
Pero insistió en que el gremio pretende que los cinco ministros: “Se pongan a la cabeza de la defensa de la independencia del Poder Judicial”, al tiempo que cuestionó que “no puede ser que estemos todo el primer semestre con medidas de fuerza y estemos cinco puntos por debajo de la inflación”.
Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la situación de los trabajadores que recién ingresan al Poder Judicial. Según Taborda, un ingresante percibe aproximadamente $1.800.000 después de la última recomposición salarial.
También explicó que las diferencias entre categorías no son demasiado amplias, ya que rondan aproximadamente el 10% entre una categoría y otra. En el caso de secretarios y prosecretarios, estimó que los ingresos rondan los $4 millones, aunque aclaró que esos salarios deben analizarse en función de las responsabilidades que implican esos cargos.
“Un secretario o un prosecretario es la persona que día viernes a la noche, sábado a la madrugada, lo llama la Policía, tiene que estar atento a las denuncias que requieren la atención, tienen que concurrir en el caso que haya un delito de extrema gravedad. No cobran horas extras”, explicó.
También señaló que se trata de cargos que requieren título y cuyo ejercicio profesional se encuentra limitado, con excepción de la docencia.
Al referirse al salario que debería percibir un trabajador ingresante, Taborda fue contundente: “El objetivo es que alcance, como mínimo, para cubrir la canasta básica”.
“La canasta básica, si me decís hoy, creo que rondaba en $2.600.000 en lo que es la canasta básica para Tierra del Fuego. Creo que eso es lo que tiene que aspirar cualquier trabajador, del rubro que sea”, sostuvo.
Y agregó una de las definiciones más fuertes de la entrevista: “Sin eso no hay una dignidad, y sin dignidad, el trabajo realmente no dignifica, el trabajo que realiza la persona, si no tiene un sueldo acorde, realmente roza la esclavitud”.
El dirigente también describió el impacto de la situación económica sobre los trabajadores. Aseguró que algunos empleados buscan una segunda actividad laboral para poder sostener sus ingresos: “Tenemos compañeros que están desesperados por salir a las 14 horas para ver si ir a otro trabajo, porque realmente no llegan”, relató.
En ese sentido, reconoció que la situación de los trabajadores judiciales se encuentra vinculada con el contexto económico general de Tierra del Fuego: “No escapamos a la realidad de la provincia, porque sabemos que la realidad de la provincia es compleja, otros sectores la están pasando también muy mal”, sostuvo.
Respecto del funcionamiento del servicio durante la medida de fuerza, Taborda aseguró que “el servicio de Justicia estará garantizado” y explicó que las guardias mínimas serán cubiertas por funcionarios.
El dirigente recordó que durante el final del semestre existió una discusión por una resolución que pretendía que los empleados cubrieran esas guardias. Según explicó, el Superior Tribunal revirtió esa decisión y actualmente “las guardias mínimas sí las cumplen los funcionarios”.
La entrevista también abordó la falta de personal y la sobrecarga de trabajo en distintas dependencias. Taborda señaló que existen juzgados creados y jueces designados que todavía no pudieron completar sus estructuras debido a la falta de partidas presupuestarias. Mencionó particularmente el Juzgado de Familia N.º 3 y el Juzgado Civil N.º 3 de Río Grande, cuyos jueces fueron nombrados aproximadamente dos años atrás, pero que aún no lograron completar sus estructuras.
Mientras tanto, aseguró que los trabajadores de otros juzgados absorben una carga laboral cada vez mayor: “Hay una sobrecarga de trabajo terrible”, afirmó.
También se refirió a Tolhuin, donde actualmente no hay un juez y distintas dependencias deben asumir tareas adicionales. Según explicó, los juzgados de instrucción y de familia deben subrogar funciones, generando una mayor carga para los funcionarios.
En otro tramo de la entrevista, Taborda describió dificultades vinculadas con el transporte, la vivienda y el acceso al crédito. Mencionó el caso de trabajadores de Río Grande que deben trasladarse hasta la zona del YPF y que no cuentan con un servicio de transporte público adecuado, lo que puede obligarlos a afrontar gastos de taxi o Uber.
También relató que representantes del Banco de Tierra del Fuego se acercaron para ofrecer créditos destinados a la construcción, pero que muchos trabajadores no pudieron acceder debido a que sus ingresos no alcanzaban los requisitos establecidos: “Es un círculo en el cual están pagando un alquiler, que se le está haciendo muy difícil. Quizás su otro ingreso de quien conforme al grupo familiar está sin trabajo”, explicó.
Ante las críticas por las posibles demoras que pueden generar las medidas de fuerza, Taborda pidió que los cuestionamientos sean realizados con fundamento y que se valore el trabajo de todos los actores del sistema judicial: “No puede, a lo mejor, un abogado decir ‘brindan un servicio de Justicia de África’; otro abogado decir ‘ponen paro o hacen una medida de fuerza para irse de vacaciones’, o, peor, a lo mejor decir ‘se retrasan porque los empleados no están para atender el teléfono’. Creo que se tiene que valorar el trabajo de todos”, afirmó.
El dirigente sostuvo además que existen maniobras dilatorias en los expedientes y recordó un estudio realizado en la Ciudad de Buenos Aires sobre escritos presentados por abogados, que, según relató, identificó una gran cantidad de presentaciones vinculadas con maniobras dilatorias.
“Todos tenemos que poner del lado que nos toca, lógicamente, los abogados van a defender su trabajo, van a querer que su trabajo sea expeditivo. Nosotros defendemos el salario y exigimos también, por parte de todos ellos, el respeto”, sostuvo.
Sobre la continuidad del conflicto, Taborda dejó abierta la posibilidad de nuevas medidas durante la próxima semana: “Lo único que va a hacer que cesen las medidas va a ser un acuerdo, por lo menos, que cubra en mínimo las necesidades salariales de los trabajadores”, afirmó.
De esta manera, el paro comenzará este jueves a las 11 y continuará durante toda la jornada del viernes, completando 36 horas de medida de fuerza: “No se descarta, lógicamente, medidas para la semana que viene, las cuales, en el transcurso de estos días iremos viendo cómo se viene desarrollando la cosa”, advirtió.
La discusión también se proyecta sobre el presupuesto 2027. Taborda señaló que todavía resta conocer cómo será contemplada la cuestión salarial y la creación de nuevos juzgados: “Estamos en víspera del tratamiento del presupuesto ya para el año que viene. Todavía no hemos podido tomar conocimiento con las áreas técnicas qué es lo que se proyecta para el año que viene, cómo va a estar tratada la materia salarial, cómo va a estar la creación de los nuevos juzgados”, manifestó.
Finalmente, Taborda aseguró que hasta el momento no hubo represalias por parte de las autoridades frente a las medidas de fuerza, aunque reconoció que los trabajadores afrontan consecuencias económicas por adherir a los paros: “El reclamo es genuino, eso ha hecho que la patronal no tome ningún tipo de represalia”, indicó.
Sin embargo, aclaró que los empleados pierden el presentismo y afrontan el riesgo de descuentos por los días de paro. El dirigente remarcó que el plan de lucha se desarrolló hasta ahora de manera gradual, con paros y ceses parciales y manteniendo abierto el diálogo.
