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En comunicación con FM Radio del Pueblo, el Dr. Carlos Mariño se refirió a la denuncia presentada el jueves ante la Justicia Federal, en la que aportó documentación y pruebas sobre presuntas irregularidades vinculadas a prestaciones de PAMI. El profesional sostuvo que se trata de una serie de hechos que podrían involucrar importantes sumas de dinero y anticipó que continuará aportando elementos a la investigación.
En primer lugar, Carlos Mariño explicó que la denuncia fue presentada junto a su representante legal, el Dr. Guillermo Aramburu, y remarcó que cuentan con documentación para respaldar los hechos denunciados: “Los hechos denunciados no son hechos al aire, fueron con pruebas fehacientes, documentación oficial, todo lo hicimos prolijamente, con inspecciones, con todo”, sostuvo.
En ese sentido, sostuvo que la presentación judicial constituye el inicio de una investigación que podría ampliarse con nuevas auditorías: “Estamos ahora, vamos a impulsar nuevas inspecciones en servicios prestados en otros centros hospitalarios”, afirmó, y aseguró que mantiene las acusaciones realizadas previamente: “Sí, totalmente, algo pasó”.
Entre los casos mencionados, Mariño hizo referencia a presuntas prestaciones que no se habrían realizado y a órdenes electrónicas generadas con usuarios de otros profesionales. Sobre uno de los ejemplos denunciados, afirmó: “11 estudios por paciente. Se realizaba uno y el resto se facturaban sin realizarlo”. Según explicó, el cálculo aproximado de esas prestaciones alcanzaría los 850 mil pesos por paciente.
El médico también señaló que existen otros servicios que deberían ser auditados y reclamó que se revisen contrataciones y prestaciones: “Pedimos que se audite todo eso, porque ahí van a encontrar muchas cosas”, resaltó.
Además, relató que un profesional le confirmó que no había generado determinadas órdenes electrónicas que aparecían asociadas a su usuario: “Hasta eso se utilizaban prestadores y claves de otros médicos para generar órdenes electrónicas”.
Mariño también cuestionó la posibilidad de justificar determinadas prestaciones bajo argumentos vinculados al beneficio económico para los afiliados: “Económicamente el biofeedback, una sesión está por arriba de los 180 mil pesos y el uso de esta silla está en 30 mil pesos. Entonces, perjudicaron mucho más al PAMI si pretendían hacer un beneficio económico”, afirmó.
Finalmente, el profesional sostuvo que la investigación podría revelar nuevas situaciones y pidió esperar el accionar de la Justicia: “Cuando se abre esta caja de Pandora va a ser mucho más”, manifestó, y agregó: “Esto fue una secuencia de hechos, no fue una equivocación, no son tres años de equivocación facturando esto. Son cifras enormes cuando se van a dar cuenta”.
