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A horas del paro nacional docente convocado por CTERA para el próximo lunes 3 de agosto, el Gobierno nacional recordó que la educación está considerada un servicio esencial y advirtió que las organizaciones sindicales deberán garantizar una cobertura mínima del 75%, tal como establece la legislación vigente.
A través de un comunicado difundido por el Ministerio de Capital Humano, junto con las secretarías de Educación y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ejecutivo señaló que se encuentra vigente la Ley 27.802 de Modernización Laboral, cuyo artículo 101 establece la obligación de asegurar una prestación mínima durante las medidas de fuerza.
Según indicó la cartera que conduce Sandra Pettovello, la normativa busca evitar la interrupción total del servicio educativo y resguardar el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles.
En ese marco, el Gobierno advirtió que las entidades sindicales que no cumplan con la cobertura mínima exigida podrán ser sancionadas por las vías legales correspondientes, aunque no detalló cuáles serían las medidas a aplicar.
El pronunciamiento se conoció luego de que CTERA ratificara el paro nacional para el lunes, jornada que coincidirá con el regreso a clases tras el receso invernal en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, además de Chaco y Santiago del Estero.
Desde el Ejecutivo afirmaron que el objetivo es garantizar la continuidad del servicio educativo aun durante las medidas de fuerza y asegurar el cumplimiento de la legislación vigente.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) resolvió la medida de fuerza durante un congreso nacional bajo la consigna "Basta de ajuste en la educación".
Entre los principales reclamos del gremio figuran la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, una recomposición salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y una mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.
Además, la organización reclama la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, rechaza una eventual reforma del régimen jubilatorio docente y manifiesta su oposición al proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el Gobierno nacional.
El paro abarcará los niveles inicial, primario y secundario, tanto de establecimientos públicos como privados, aunque la adhesión podría variar según cada jurisdicción y cada institución educativa.
