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Durante una entrevista concedida a FM Aire Libre, el abogado Enzo Silva Zajaczkowski analizó el crecimiento del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de Tierra del Fuego, que actualmente reúne 112 personas inscriptas. El profesional sostuvo que el aumento comenzó tras la pandemia y aseguró que el contexto económico, la pérdida de empleo y los conflictos familiares explican buena parte de esta realidad. Además, detalló las restricciones legales que enfrentan quienes incumplen con la cuota alimentaria y advirtió que los procesos judiciales pueden extenderse durante aproximadamente dos años.
El abogado explicó que el crecimiento del registro comenzó a hacerse evidente a partir de la pandemia y se intensificó con el deterioro de la situación económica: "Yo creo que, en el último tiempo, luego de la pandemia y con el tema de la situación actual en materia de despidos y demás, ha crecido exponencialmente. Actualmente se encuentran inscriptas 112 personas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la provincia y esto ha significado un crecimiento muy exponencial desde el 2020, cuando el número era por debajo de las 100 personas", señaló.
Para Silva Zajaczkowski, el contexto económico tiene un peso importante en esta problemática, aunque aclaró que no todos los incumplimientos responden exclusivamente a la falta de ingresos: "También existen numerosos casos en los que los incumplimientos se justifican mediante distintas excusas presentadas por quienes deben afrontar la cuota alimentaria, siendo que las excusas más frecuentes son que no tengo trabajo, que no puedo llegar a cumplir o que veo a mi hijo o a mi hija", explicó.
En ese sentido, recomendó iniciar cuanto antes el reclamo judicial para evitar demoras en el reconocimiento del derecho alimentario: "Siempre les decimos a las personas que nos consultan que los alimentos se deben desde el momento en que se reclaman. No son retroactivos, por eso, es muy importante implementar el reclamo mediante una carta documento, una mediación o directamente a través de la Justicia para que empiece a correr la obligación alimentaria", remarcó.
Consultado sobre el impacto del escenario económico, el abogado consideró que existe una relación directa entre el aumento del desempleo y las dificultades para afrontar las obligaciones alimentarias: "Claramente la situación laboral que atraviesa la provincia y el país ha ayudado de manera negativa justamente a que las personas obligadas a soportar la cuota alimentaria se vean imposibilitadas de cumplir", afirmó.
No obstante, aclaró que esa situación no elimina la obligación legal, sino que deriva en posteriores procesos judiciales de ejecución cuando el incumplimiento persiste.
Silva Zajaczkowski recordó que la incorporación al Registro de Deudores Alimentarios Morosos únicamente puede concretarse mediante una resolución judicial: "Tenemos desde la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, que solamente es por orden judicial. Esto acarrea la imposibilidad para ejercer cargos públicos, ocupar cargos superiores, integrar entes autárquicos, ser magistrado, obtener créditos o cuentas corrientes del Banco Provincia de Tierra del Fuego, además de impedir ser contratista o proveedor del Estado, entre otras cuestiones", detalló.
Asimismo, indicó que en los últimos años la Justicia comenzó a aplicar nuevas medidas para incentivar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias: "Las estrategias han evolucionado. Hoy pueden solicitarse medidas como la prohibición de salida del país, la prohibición de asistir a una cancha de fútbol, impedir la renovación del carné de conducir y otras restricciones que buscan afectar directamente al incumplidor para que regularice su situación", sostuvo.
El abogado explicó que la inscripción en el registro forma parte de un procedimiento judicial con distintas etapas: "La incorporación al registro es paulatina, hay varios pasos, uno lo solicita a la Justicia, puede ser por pedido del abogado o por decisión del juez de oficio, recién allí se libra un oficio y la persona queda incorporada al registro", indicó.
Además, destacó que figurar en ese listado también implica un impacto social: "Además de todas las consecuencias legales, también es una consecuencia meramente moral, es figurar públicamente en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos", expresó.
Respecto de los tiempos judiciales, advirtió que los procesos suelen ser extensos: "Un proceso alimentario es un proceso largo, primero el juez determina la cuota alimentaria y, si después no se cumple, recién se inicia la ejecución de esa sentencia, todo eso lleva tiempo", explicó.
Al ser consultado sobre la duración promedio, respondió: "Puede durar aproximadamente dos años".
Por otro lado, también analizó el contexto social actual: "La conflictividad aumentó considerablemente en los últimos años, la familia es muy dinámica, las relaciones familiares siempre cambian y en el último tiempo hemos visto una escala en la conflictividad y muchos problemas para cubrir las necesidades básicas de los menores", manifestó.
No obstante, consideró que el marco normativo vigente continúa ofreciendo herramientas importantes: "Las leyes acompañan, si bien por ahí falta ajustar ciertas cuestiones o ir más de la mano de lo que va evolucionando la sociedad, creemos que sí brindan herramientas importantes", afirmó.
Respecto del perfil de quienes integran el registro, el abogado indicó que predominan ampliamente los hombres, aunque aclaró que también existen casos de mujeres: "Sí, hay mujeres que incumplen también, pero en una menor cantidad", indicó.
Finalmente, explicó que cuando una persona pierde su empleo no desaparece automáticamente la obligación alimentaria: "Primero siempre hay que demostrar ante la Justicia que el principal obligado no puede cumplir con la cuota alimentaria y recién después puede avanzarse sobre otra persona obligada", concluyó.
