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La designación de María Elena Guerrero como jueza de Primera Instancia de Familia y Minoridad N° 1 de Ushuaia continúa generando repercusiones en el ámbito judicial. En diálogo con Radio Provincia, el abogado Raúl Aciar analizó tanto el procedimiento que culminó con el nombramiento como el proyecto de reforma del Reglamento General de Concursos remitido por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) al Consejo de la Magistratura. Mientras calificó el proceso de designación como "sumamente irregular", consideró que la propuesta para modificar el sistema de selección representa un avance en materia de objetividad y transparencia.
Aciar fue contundente al referirse al recorrido institucional que terminó con la designación de Guerrero: "Ha sido sumamente irregular", afirmó al analizar la sucesión de acordadas emitidas por el Superior Tribunal de Justicia.
El abogado sostuvo que la última resolución "tiene unos ciertos costados de incoherencia, de poca razonabilidad, hasta diría de poca seriedad", en referencia al cambio de criterio adoptado por el STJ respecto de una candidatura que inicialmente había rechazado por falta de fundamentación.
Según explicó, el propio Tribunal había observado en la primera resolución del Consejo de la Magistratura la existencia de "mucha y grave discrecionalidad" en la elección de la postulante.
Sin embargo, cuestionó que posteriormente el organismo aceptara la misma candidatura luego de una ampliación de fundamentos, sin convocar a un nuevo concurso: "No se entiende por qué ahora el Consejo de la Magistratura, ante la negativa del Superior Tribunal, dice que va a ser una acordada mejoradora de la anterior", expresó.
Para Aciar, esa situación constituye un reconocimiento implícito de que "el proceso de selección no ha sido regular, no se ha bastado a sí mismo".
Respecto de la decisión final del STJ, volvió a marcar sus diferencias: "Eso es la incoherencia, la poca razonabilidad, lo que no aparece como muy serio", sostuvo.
Incluso llevó el análisis al plano institucional y personal: "A mí no me gustaría que me designen así, como que hicieron todo un procedimiento que primero estaba mal, pero después lo enmendaron", manifestó.
Consultado sobre si la situación representaba un "manoseo" hacia la candidata, respondió: "Más que nada un manoseo del proceso de elección. El candidato, el nombre en este caso no interesa, porque cualquiera que hubiera sido, a mí no me gustaría que me elijan así".
Además, advirtió que la forma en que se resolvió el concurso "genera una serie de efectos" sobre los demás postulantes, quienes, según indicó, aún podrían presentar reclamos administrativos o judiciales.
Otro aspecto señalado por Aciar fue el momento elegido para publicar la acordada: "La acordada lleva firma del día 8 y se publicó recién el 22, en plena feria judicial. Son detalles, será para que ocurra en un momento en que todo el mundo está con una distensión de vacaciones, de recreo; en mi opinión, eso yo no lo puedo asegurar, pero lo cierto es que el calendario es el mismo para todos", expresó.
A diferencia de sus críticas al procedimiento de designación, Aciar consideró que el proyecto de Reglamento General de Concursos, elaborado por el Superior Tribunal, representa una mejora significativa: "Me parece sumamente mejorador del proyecto que hemos tenido hasta ahora", aseguró.
Según explicó, la iniciativa "disminuye los niveles de discrecionalidad", incorpora "un poco más de objetividad, un poco más de transparencia y un poco más de detalle de cómo se hace" el proceso de selección.
Uno de los principales cambios propuestos consiste en la implementación de un sistema de puntaje sobre 100 puntos, distribuido entre antecedentes profesionales, examen, entrevista personal y antecedentes académicos, generando un orden de mérito objetivo para los postulantes.
Para Aciar, ese mecanismo corrige una de las principales debilidades del sistema vigente, donde las entrevistas y evaluaciones no poseen una calificación concreta.
También destacó la obligación de fundamentar cada decisión adoptada por el Consejo de la Magistratura: "Anteriormente, en treinta y pico de años que ya tiene la provincia, nadie fundamentó, nadie expresó por qué elegía a tal o cual candidato para cubrir tal cargo", remarcó.
El abogado señaló además que la propuesta incorpora herramientas utilizadas en otros consejos de la magistratura del país y del exterior, incluyendo criterios de perspectiva de género y la utilización de inteligencia artificial como apoyo para determinados procesos.
El proyecto enviado por el Superior Tribunal todavía deberá ser analizado por el Consejo de la Magistratura, los colegios de abogados y los distintos sectores involucrados antes de convertirse en un nuevo reglamento.
Mientras ese debate comienza, la designación de María Elena Guerrero ya quedó firme y la magistrada asumirá formalmente sus funciones una vez concluida la feria judicial de invierno y prestado el correspondiente juramento ante el Superior Tribunal de Justicia.
