19640 Noticias
La Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, oficializó una nueva actualización de los valores correspondientes al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. La medida, establecida mediante la Resolución 2227/2026, contempla un aumento del 1,9% en los aranceles y mantiene el beneficio adicional del 20% para la región patagónica, incluyendo a Tierra del Fuego.
La actualización fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial y establece que el incremento será aplicado sobre las distintas prestaciones contempladas dentro del nomenclador nacional de discapacidad, tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a junio de 2026.
La resolución determina que el ajuste será uniforme para todas las modalidades incluidas en el sistema, sin diferencias según el tipo de prestación.
Entre los servicios alcanzados se encuentran los centros de día, centros educativos terapéuticos, formación laboral, hogares, residencias, prestaciones de rehabilitación, estimulación temprana, transporte y los módulos vinculados al apoyo e integración escolar.
La medida representa una nueva adecuación de los valores luego del incremento aplicado en junio, cuando se había dispuesto una actualización del 2,10%, calculada en función del IPC correspondiente al mes de mayo.
Además del aumento general, la resolución ratificó la continuidad del adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en las provincias de la Patagonia.
Este beneficio se encuentra contemplado en el artículo 7° bis de la Ley 24.901, que reconoce las particularidades geográficas y económicas de la región para garantizar la cobertura adecuada de los servicios destinados a personas con discapacidad.
De esta manera, los prestadores que funcionan en provincias patagónicas continuarán percibiendo el incremento diferencial sobre los valores básicos establecidos en el nomenclador.
La actualización alcanza a instituciones y servicios que forman parte del sistema integral de atención, con el objetivo de adecuar los aranceles frente a la evolución de los costos operativos y garantizar la continuidad de las prestaciones.
El ajuste impactará en las entidades que brindan servicios de atención, acompañamiento, rehabilitación y asistencia a personas con discapacidad en todo el país.
