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El Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó la designación de María Elena Guerrero como jueza de Primera Instancia de Familia y Minoridad N° 1 de Ushuaia, poniendo fin al proceso de revisión que se había generado tras el concurso para cubrir la vacante. La decisión fue formalizada mediante la Acordada 70/2026, firmada por la presidenta del STJ, María del Carmen Battaini, junto a los jueces Carlos Gonzalo Sagastume y Javier Muchnik,
La nueva magistrada asumirá sus funciones una vez que preste juramento ante el Superior Tribunal de Justicia, trámite que se concretará al finalizar la feria judicial de invierno, cuando se retome la actividad habitual en los tribunales provinciales.
La designación de Guerrero estuvo demorada debido a un conflicto institucional entre el Superior Tribunal de Justicia y el Consejo de la Magistratura, surgido tras el resultado del concurso destinado a cubrir el cargo.
En la Acordada 24/2026, el STJ había advertido la "ausencia de parámetros objetivos" que justificaran la elección realizada por el Consejo y solicitó una nueva evaluación, al considerar que otras postulantes también reunían las condiciones necesarias para acceder a la magistratura.
Desde el máximo órgano judicial aclararon que nunca se cuestionó la facultad constitucional del Consejo de la Magistratura para seleccionar y proponer candidatos, sino la necesidad de que esa decisión estuviera respaldada por fundamentos objetivos y razonables, especialmente cuando los antecedentes curriculares de las postulantes eran similares.
Tras un intercambio institucional entre ambos organismos, el Consejo de la Magistratura resolvió ampliar los fundamentos de la designación mediante la Acordada 693/2026, en la que destacó la trayectoria profesional de María Elena Guerrero, quien cuenta con más de trece años de ejercicio especializado en Derecho de Familia.
La fundamentación resaltó su experiencia en la intervención de conflictos familiares complejos, procesos de alimentos, cuidado personal, violencia familiar y situaciones de vulnerabilidad, señalando que ese recorrido profesional le permitió desarrollar un conocimiento práctico de las problemáticas que integran la labor diaria de un juzgado de Familia.
Asimismo, el Superior Tribunal consideró que el ejercicio independiente de la abogacía constituye una fuente legítima y valiosa de formación para la magistratura, ya que brinda experiencia directa en el abordaje de conflictos humanos, fortalece la capacidad de escucha y aporta herramientas para la resolución de litigios desde una perspectiva práctica.
Si bien el STJ sostuvo que la ampliación de fundamentos no elimina las diferencias objetivas existentes entre las postulantes, entendió que la explicación incorporada por el Consejo resultó suficiente para justificar la valoración otorgada a la experiencia profesional de Guerrero y, en consecuencia, habilitó su nombramiento.
En la resolución, el Superior Tribunal concluyó que ya no existían obstáculos de legalidad ni de razonabilidad para avanzar con la designación, motivo por el cual resolvió oficializar el nombramiento de la nueva jueza.
Como parte del acuerdo alcanzado entre ambas instituciones, el Superior Tribunal de Justicia y el Consejo de la Magistratura acordaron trabajar en una reforma del reglamento de concursos para magistrados, con el objetivo de incorporar criterios objetivos de evaluación, mejorar la ponderación de antecedentes, establecer mecanismos claros para las entrevistas personales y fortalecer la transparencia de los procesos de selección.
Desde el STJ señalaron que el caso permitió evidenciar las limitaciones del sistema vigente, que actualmente carece de herramientas objetivas como puntajes específicos para antecedentes, exámenes y entrevistas, lo que dificulta fundamentar de manera precisa las decisiones adoptadas por los consejeros al momento de elegir a un postulante.
